El juicio de la operación Karlos comienza mañana en la Audiencia Provincial de Cádiz para los 26 procesados que se sentarán en el banquillo (el fiscal acusa a 24 y la Junta de Andalucía y la Seguridad Social suman a otros dos). En 2006, la Guardia Civil desarticuló una organización que vendía informes médicos falsos a beneficiarios que obtenían pensiones de invalidez ilegales tras el pago de hasta 24.000 euros.

Teniendo en cuenta que al menos 15 de los acusados han pactado su condena y se declararán culpables, entre ellos Carlos Carretero, uno de los principales, la vista se ha convertido en una batalla que sostendrán principalmente dos defensas: la del inspector médico Francisco Casto Pérez Lara y la de María José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique.

Casto y Campanario defenderán en el juicio que son inocentes y buscarán la absolución. Su mejor baza es, paradójicamente, la prueba que muestra de modo más claro hasta qué punto estaban implicados en la estafa a la Seguridad Social montada por Carretero, como él ya ha reconocido al pactar con el fiscal, con la obtención fraudulenta de pensiones de incapacidad laboral.

Esa prueba fundamental con que cuenta el fiscal está en las escuchas telefónicas, en las grabaciones de conversaciones telefónicas realizadas por la Guardia Civil durante la investigación del caso. Las defensas de Casto y Campanario intentarán convencer al tribunal de que esas escuchas son nulas: que fueron realizadas de modo irregular, sin las debidas garantías constitucionales. Si lo logran, la mejor prueba del fiscal puede pasar a ser la mejor prueba en favor de esos dos acusados. También de los otros que no hayan pactado.

Si las escuchas son anuladas y el tribunal aplica la doctrina del caso Naseiro, esa nulidad arrastrará la del resto del procedimiento y Casto y Campanario serán absueltos. Salvo que el fiscal consiga en el juicio otras pruebas contra ellos. Lo que no es descartable.

Carlos Carretero, ex jefe de la policía local de Ubrique, pasa por ser el supuesto cabecilla del fraude. Se le solicitan diez años de prisión y inhabilitación por 6 años por estafa y cooperador en falsedad y cohecho. Directamente o a través de terceros, buscaba personas que tuvieran intención o la posibilidad de obtener, aun de forma irregular, una prestación del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esas personas le pagaban una determinada cantidad de dinero, variable según la persona.

Francisco Casto, inspector médico, también se enfrenta a la máxima pena impuesta por el fiscal, de diez años.

Casto desempeñaba sus funciones en la Unidad de Valoración de Incapacidades Laborales de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Encargado de la zona de Cádiz, San Fernando y El Puerto y todos los trabajadores del hospital Puerta del Mar de la capital. Renunciando a su deber de actuación objetiva e imparcial, a cambio de gratificaciones, emitía informes lo más favorables posible para lograr el definitivo reconocimiento de las prestaciones y orientaba sobre la forma de actuar en cada caso.

Para María José Campanario, esposa de Jesulín de Ubrique, se solicitan 4 años y seis meses de prisión por estafa y cooperación en falsedad. Según la investigación, Campanario entregó a Carretero 18.000 euros para poner en marcha las actuaciones para obtener una pensión por incapacidad laboral para su madre, que ni siquiera trabajaba. Igual pena se solicita para la madre de Campanario, Remedios Torres, residente en Castellón, por cooperación en falsedad.