Andalucía

La burocracia agrava la saturación de los depósitos judiciales en Cádiz

  • Los titulares de las instalaciones se plantean no admitir más bienes incautados ante la masificación y la inseguridad

"Se hacen las fotos, se hacen las notas de prensa, se cuenta que se ha incautado esto y lo otro, que un golpe al narcotráfico. ¿Y luego qué pasa con todo lo que se ha incautado?", comentaba esta semana un funcionario de la Agencia Tributaria. Lo que puede pasar es que seis encapuchados accedieran hace justo una semana al depósito judicial ubicado en la N-340, en Conil, para robar a punta de pistola una narcolancha de las que se utilizan para alijar droga. Este asalto ha puesto de manifiesto el problema que sufren los depositarios desde hace años con los bienes que son incautados y llevados a este tipo de instalaciones. En la actualidad, el único depósito judicial público que existe en toda Andalucía es el de Bellavista (Sevilla), pero la Consejería de Justicia realiza algunas excepciones con depósitos privados en el Campo de Gibraltar porque el volumen de incautaciones es más elevado que en otras zonas y por el alto coste del traslado de los vehículos a Sevilla.

Los depositarios tienen que reclamar el pago a la Consejería de Justicia e Interior, pero estos entienden que los requisitos para que se les abone el pago son bastante complejos. Por este motivo tienen problemas a la hora de cobrar, para que se les retiren los bienes incautados y para recoger más vehículos porque en algunos casos ya no tienen más espacio.

En el depósito de Conil se almacenan 1.100 vehículos requisados por las autoridades

La Junta sólo se hace cargo de las facturas en cuatro supuestos: absolución del procesado, sobreseimiento de la causa, declaración en rebeldía o insolvencia del condenado en costas. Desde la delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz afirman que en todos los casos en los que se han cumplido estos requisitos, acreditados por los depositarios, se han abonado las facturas, por lo que sostiene que no tiene deudas con nadie.

No todos los procedimientos judiciales en los que se intervienen vehículos son penales, por lo que no todos los tiene que abonar la Junta. En este caso entran la defraudación a Hacienda, causas fiscales o causas civiles. "Que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado incauten vehículos y los lleven a depósitos no quiere decir que automáticamente la Junta tenga que pagar esa factura", indican desde la delegación territorial.

A este factor se suma la dificultad de los responsables de los depósitos para conseguir la documentación de los juzgados. "Un vehículo se puede intervenir en el curso de una investigación que lleva un juzgado de Instrucción, pero después puede ir por lo Penal, por la Audiencia Provincial o incluso hasta la Audiencia Nacional", explican fuentes judiciales.

El depósito de Conil está gestionado por Rent Marin y Asistencia La Janda. No es la primera vez que sufren un robo. Hace tan sólo dos domingos, a plena luz del día, un individuo intentó apoderarse de alguno de los vehículos que allí se acumulan. A este incidente frustrado hay que sumar el incendio que se produjo en el depósito en mayo de 2017, en el que ardieron varias de las embarcaciones intervenidas en operativos antidroga.

Desde Rent Marín y Asistencia La Janda afirman que son "una víctima más" de los narcotraficantes. "Por muy alta que pongamos la valla, por mucho que invirtamos en seguridad, poco o nada se puede hacer si seis encapuchados entran a punta de pistola". Los responsables de este almacén aseguran que sus trabajadores han sufrido incluso "insinuaciones" por parte de personas que se han asomado a la tapia para advertirles sobre un futuro asalto. "Sé que mi coche está ahí dentro, ándate con ojo", les han llegado a decir".

Además de estar en el punto de mira de los narcos, los gestores tienen tienen otro problema grave, en este caso, con la Administración de Justicia. Se trata de la acumulación "innecesaria" de vehículos aprehendidos en intervenciones antidroga. Neumáticas, semirrígidas, motos acuáticas, coches y motores se apilan -algunos desde hace más de una década-. Sólo en el depósito de Conil hay más de 1.100 vehículos, a los que hay que añadir los 300 que se guardan en otras naves que estas entidades gestionan en Algeciras, San Roque, La Línea, Los Barrios y Tarifa. Todo este material carece de valor probatorio en la resolución de los procesos judiciales. Tanto es así que los jueces -y determinadas administraciones- tienen potestad para ordenar su destrucción incluso en la fase inicial de instrucción. Pese a ello, indican los gerentes de Rent Marín y Asistencia La Janda, esta medida no se aplica.

"No queremos recoger más embarcaciones, sobre todo del Campo de Gibraltar, el espacio hasta al límite. Ahora bien, si no lo hacemos, la Guardia Civil y la Policía Nacional nos bombardean a llamadas para que vayamos al lugar de la incautación", afirman los dueños. "Hacemos una labor poco agradecida, nadie quiere llevarse la basura. Hemos hecho una inversión fuerte en la provincia de Cádiz y nos está costado mucho amortizarla", insisten. Y la situación es cada vez más insostenible, sea por la pasividad de la Justicia, que no permite descongestionar los depósitos, sea por los narcotraficantes, que han encontrado en estas instalaciones una especie de supermercado para recuperar, a sus pertenencias y útiles para seguir delinquiendo.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios