La incógnita de cuántos directivos de empresas públicas perciben unas retribuciones superiores a los 81.155 euros anuales del presidente de la Junta de Andalucía comenzó ayer a despejarse.

La consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno en el que se aprobó el proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad, incidió en que la política de austeridad de las cuentas del próximo ejercicio incluirá la limitación de los sueldos de los directivos de las empresas públicas -las que la Administración considera como instrumentales, unas 55- en su artículo 17 por debajo del sueldo fijado para el presidente de la Junta. Economía aún desconoce a cuántos puestos directivos alcanzará la medida y dará un plazo a estas entidades para que definan con exactitud quiénes tienen la consideración de personal directivo. Por el momento, la estimación de la Junta, cifró Martínez Aguayo, está entre unos 80 ó 90 posibles afectados. La tijera salarial para dejarlos a la medida de la retribución del presidente permitiría ahorrar un millón de euros a las arcas andaluzas, si bien tanto el número de altos cargos como la cantidad económica es provisional, matizó Martínez Aguayo.

De los escasos sueldos conocidos hasta ahora, aportados por la Cámara de Cuentas, el consejero delegado de Desarrollo Agrario y Pesquero percibe 89.578,79 euros al año; el director general de Infraestructuras y Servicios 91.322,49 euros; un contrato de alta dirección en Turismo Andaluz 97.060,23 euros y un administrador de Egmasa 83.028,69 euros.

El que se salvará de la tijera es el director general de la Radio Televisión Andaluza (RTVA), que cobra un 72% más que Griñán, hasta alcanzar los 139.345 euros anuales.

La Junta, apuntó Martínez Aguayo, añadirá una excepción en el articulado en el que se podrá autorizar una retribución superior cuando la entidad desempeñe su actividad en condiciones de mercado o cuando la persona titular del puesto que ejerce funciones de alta dirección haya sido elegida por el Parlamento de Andalucía, caso este último del director general de la RTVA.