La violencia de hijos a padres adquiere relevancia después de un lustro de crisis económica. En 2007, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, fueron 302 los menores de 14 a 17 años condenados por casos de maltrato filoparental. Cinco años después, en 2013, fueron 510 las resoluciones judiciales en el mismo ámbito. En un lustro, este tipo de violencia ha registrado un aumento del 60% y ya copa el 16% de delitos cometidos por menores, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) .

Jesús Maeztu, Defensor del Menor de Andalucía, hizo ayer públicos estos datos después de entregar al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, el informe anual de 2014, que incluye un capítulo dedicado a analizar este tipo de maltrato, aunque no incluye datos del mismo a nivel andaluz. Sí recuerda que en 2005 José Chamizo ya puso de manifiesto el auge de la violencia filoparental, que en los últimos años, dijo Maeztu, ha pasado de ser un fenómeno más propio de los varones a repartirse por igual entre ambos sexos.

El capítulo que analiza el maltrato de hijos a padres suele aparecer en la adolescencia y establece tres perfiles mayoritarios. El primero coincide con aquellos jóvenes que han caído en algún tipo de adicción y que crean conflictos a la hora de obtener el dinero para satisfacer sus necesidades. La segunda clasificación agrupa a los menores que padecen un trastorno de conducta que puede provocar un comportamiento antisocial . El tercer grupo es el formado por los adolescentes que se han criado en un ambiente excesivamente permisivo, por lo que muestran resistencia a aceptar las reglas. Dentro de este último perfil, Maeztu incluyó a aquellos menores que "no soportan la crisis económica", es decir, los que han visto como su nivel de vida ha empeorado por la pérdida de poder adquisitivo de su familia.

El fenómeno, que afecta a personas de todos los niveles socioeconómicos, debe enfocarse desde un punto de vista "multidisciplinar", explicó el defensor, que también hizo hincapié en la necesidad de orientar los tratamientos hacia la reeducación de los menores maltratadores.

Para conseguir este objetivo, según Maeztu, el tratamiento debe cambiar y los equipos de tratamiento familiar (ETF) y los técnicos de los servicios sociales deben especializarse para poder hacer frente a este tipo de problemas, "que no se solucionan como dicen algunos programas de televisión". La intención del Defensor del Menor Andaluz es subvencionar métodos que ya funcionan a nivel privado para asimilarlos en el sistema público. Estos tratamientos, que duran de cuatro a seis meses consisten en hacer partícipes a los expertos en la vida del joven conflictivo de forma integral para lograr la deseada reeducación.