Caso de los ere

Los peritos confirman que otras consejerías de la Junta pagaron ayudas de los ERE

  • Acusan a la Junta de "ocultar" información a la UE sobre una ayuda de 4,5 millones, de la que se remitió "incompleta y sesgada". Exculpan al Parlamento de conocer el fraude porque el lenguaje presupuestario utilizaba expresiones "crípticas y a menudo equívocas".

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Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) han confirmado este jueves que otras Consejerías de la Junta, no sólo Empleo, abonaron ayudas de los ERE a través del IFA/IDEA, algo que sucedía a través de transferencias de financiación que se realizaban una vez que Empleo había agotado sus fondos propios para el pago de las mismas.

La emisión de esas transferencias de financiación por parte de otras consejerías ya había llevado a la juez Alaya a ordenar en noviembre de 2013 la ampliación de las pesquisas, al solicitar a la Junta que informara sobre todas las ayudas concedidas desde cualquier consejería a un grupo de 35 empresas.

La juez sospechaba entonces que ese grupo de empresas recibieron ayudas, incentivos, avales y préstamos no sólo de la Consejería de Empleo, sino de otros departamentos de la Junta, por lo que instó a la Junta a que entregara a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil toda la documentación relacionada con los distintos avales y préstamos concedidos por cualquiera de las consejerías entre 2001 y 2011. La juez recordó que la Agencia IFA/IDEA colaboró con distintas consejerías en el pago de ayudas por distintos conceptos, que fueron "tramitadas con falta de procedimiento, haciendo uso de fondos que había recibido anteriormente de las distintas consejerías vía transferencia de financiación".

También señaló que la Intervención de la Junta y la Cámara de Cuentas pusieron de manifiesto "diversas irregularidades en la tramitación de las ayudas por parte de las consejerías, y en la actuación, gestión y control de IFA/IDEA, que podrían haber supuesto importantes consecuencias que están siendo investigadas". Alaya pidió entonces cualquier documentación relacionada con su solicitud, tramitación, análisis, control de las justificaciones, pagos, revocaciones y reintegros de empresas como Hilaturas y Tejidos Andaluces, Pickman, A Novo Comlink o Aglomerados Morell.

De otro lado, los peritos han asegurado que la Junta de Andalucía “ocultó” información a la Unión Europea sobre las ayudas de 4,5 millones de euros concedida a la empresa A Novo Comlink, según las alegaciones que remitieron los servicios jurídicos de la Administración andaluza.

Esta acusación de los peritos se produjo durante la segunda jornada de ratificación del informe pericial sobre los ERE fraudulentos y cuando la juez Mercedes Alaya preguntaba a los peritos sobre la falta de competencia para la concesión de ayudas de Estado, respecto a las cuales la UE prohíbe que se concedan ayudas directas a empresas, al situarlas en una posición de ventaja frente a otras.

Los expertos destacaron que, a diferencia de lo que ocurrió en el caso de Hijos de Andrés Molina (Hamsa), en relación con las ayudas a A Novo Comlink –empresa afincada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga-, la Junta remitió una información “incompleta y sesgada” para justificar que no se trataba de una ayuda de Estado o a empresas sino que eran ayudas individuales, con lo que se evitaba el reintegro de las mismas.

En junio del año pasado, la Fiscalía Anticorrupción solicitó a la juez Alaya que investigara las ayudas que por importe de 35,8 millones concedió la Junta a la empresa A Novo Comlink y pidió cuatro nuevas imputaciones además de que se ampliara la imputación al ex consejero de Empleo Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo Francisco Guerrero, entre otros.

En otro orden de cosas, los expertos de la IGAE han constatado que hubo trabajadores que recibieron ayudas de la partida 31L –conocida como el fondo de reptiles- “sin criterios objetivos” y cuestionan el presunto trato discriminatorio del sistema ideado por la Junta en comparación con otros trabajadores que se acogieron a la orden de 5 de octubre 1994 del Estado, que regula un procedimiento de concesión de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el marco del sistema de la Seguridad Social. La norma estatal impedía, por ejemplo, que las personas acogidas a este procedimiento pudieran realizar otros trabajos, algo que no se contemplaba en las ayudas establecidas por la Junta.

Por último, los peritos han exculpado al Parlamento de Andalucía del fraude, al afirmar que es “imposible” que la cámara conociera las irregularidades porque la información que le llegaba era “errónea y confusa”.

De hecho, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) exculpó, en un tercer informe complementario, a la Comisión de Economía y Hacienda del conocimiento del fraude de los ERE, por cuanto se utilizaba una "terminología críptica, imprecisa, generalista y a menudo equívoca", lo que provocaba una "indeterminación" acerca de quién pudiera ser el órgano que otorgaba o concedía las ayudas.

En este tercer informe remitido al juzgado de Alaya por la IGAE, los peritos aseguraron que "no pueden concluir" que la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía "pudiera tener conocimiento de la existencia de las irregularidades en la presupuestación o, en su caso, la tramitación de las subvenciones sociolaborales correspondientes al programa 31L".

El informe subrayaba en sus conclusiones que el IFA/IDEA elaboraba "incorrectamente" su presupuesto de ingresos incluyendo en el mismo unos ingresos procedentes de la partida 31L que "no eran tales", sólo eran cobros, ya que su destino no era el de cubrir las pérdidas derivadas de su propia actividad -"único establecido en la ley"-, sino el de pagar subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo "al margen de todo procedimiento legal y del preceptivo control".

La IGAE corroboró, por tanto, que Empleo estaba utilizando "inadecuadamente" las transferencias de financiación para fines distintos a los legalmente establecidos, puesto que la única finalidad debería ser la de cubrir las pérdidas del IFA/IDEA, la cuales no se ocasionaban por el programa 31L.

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