La paz social es lo primero en quebrar en tiempos de crisis. Los expedientes registrados y resueltos en el Servicicio Extrajudicial de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) en 2008 así lo prueban. Si en 2006 y 2007 la conflictividad apenas superó los 700 casos, el pasado ejercicio este órgano de mediación cerró su cuenta de resultados con 944, es decir, un 32% más. Y lo peor está aún por llegar. CCOO y UGT ya lo avisan: hay sobre la mesa 306 convenios colectivos para este año que afectan a 470.000 trabajadores, y el clima no es precisamente el mejor para negociar.

El repunte experimentado en 2008, sobre todo, en sus últimos meses, lleva a que este año haya sido el peor en resultados desde que el Sercla entrara en funcionamiento hace justo un decenio. Los 944 expedientes abiertos, que afectaron a 91.735 empresas y a 845.699 trabajadores, fueron en un 75% fruto de las divergencias entre empresarios y plantilla por la aplicación e interpretación de los convenios colectivos o su negociación, mientras el 1,8% de los casos fue motivado por despidos colectivos. Este reparto no se prevé que sufra alteración alguna, ya que los expedientes de regulación de empleo no entran dentro de las competencias del Sercla, y los despidos individuales siguen funcionando de manera experimental sólo en tres provincias andaluzas (Almería, Sevila y Huelva).

No obstante, las previsiones no son halagüeñas y el primer semestre de este año es el que se presenta como el más duro. La secretaria de Acción Sindical de UGT-A, Carmen García Jurado, no se atreve a hacer predicciones, pero está convencida de que las negociaciones de convenios serán más tensas que en años anteriores. La patronal busca recortar y los sindicatos proteger el empleo y el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin ir más lejos, uno de los puntos que se prevé como un escollo es el incremento salarial. "La previsión del IPC es de un 2%, nosotros nos vamos a mover en ese porcentaje y habrá que reconducir los intentos de otros de rebajar lo", advierte.

En esta línea coincide su homólogo de CCOO, José María Rodríguez, que hace un llamamiento a la responsabilidad a esos empresarios que abogan ahora por el despido libre. Rodríguez defiende que en la negociación colectiva no se debe entrar en la espiral de recortar el poder adquisitivo y la congelación salarial. Un error económico que llevaría a una caída del consumo, lo que a su vez llevaría al círculo vicioso de la caída de la producción y el cierre de empresas. Aparte de lo que atañe al bolsillo, advierte del peligro de un retroceso en derechos de los trabajadores, porque una vez superada esta crisis, ya no podrían recuperarse. Estas premisas, a su juicio, serán un elemento generador de tensiones.

Y la prueba de que ya se están colocando los primeros obstáculos está en la tardanza de la puesta en marcha de las mesas de negociación. "Detectamos ya un un ritmo muy lento en la constitución de las mesas y las que están ya trabajan con muy poca agilidad, esto hace vaticinar complicaciones", apunta García Jurado, que recuerda que ante bloqueos e incumplimientos la salida para muchos trabajadores es la huelga, por lo que los expedientes por esta causa augura que se dispararán.

A pesar de que el diálogo social pinta negro, el sistema de mediación funcionó bien en 2008: de los 944 expedientes, 369 de los conflictos no llegaron a acabar en la vía judicial. De este nivel de avenencias (52,64%) lograron beneficiarse 26.000 empresas y 219.000 trabajadores. Incluso en el caso de las amenazas de huelga, el nivel de resolución fue más alto, ya que se lograron frenar a tiempo 161 convocatorias (14.377 empresas lograron evitarlo ya que el 64,4% de los casos concluyeron con la avenencia entre dirección y plantilla), lo que supuso la recuperación de 3,2 millones de horas de trabajo en Andalucía.

El peso de la actividad industrial sitúa a la cabeza de la conflictividad laboral colectiva a la provincia de Sevilla, seguida de Málaga y Cádiz, que absorben hasta dos terceras partes de los conflictos interpuestos, mientras en las provincias más agrícolas, como Almería, Jaén o Córdoba, la tasa cae hasta la cincuentena. La razón por la que estas tres provincias lideran las estadísticas está en el peso de los sectores inmobiliario, transportista y hostelero, que también acaparan un alto volumen de procedimientos que, salvo en el último, llevan aparejada casi siempre la amenaza de huelga.