El ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández ha pedido a la juez Mercedes Alaya que levante su imputación por cohecho y suspenda su declaración como imputado el próximo 3 de marzo, en relación con las supuestas mordidas de 602.000 euros, al entender que la instructora ha hecho "puro seguidismo" al trasladar a un auto lo que considera unas sospechas "absolutamente falsas e infundadas" por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que defiende al ex consejero de Empleo, ha presentado un recurso de reforma en el que asegura que esta unidad policial ha desoído la orden de la juez para que no se investigara el entorno familiar de Antonio Fernández y ha elaborado un informe sin aportar al juzgado los "abundantes elementos documentales" de los que se han valido para llegar a las conclusiones, lo que "imposibilita" refutar su contenido y defenderse de unas conclusiones que considera "absolutamente falsas e infundadas".

El letrado añade que no se trata del "habitual" informe policial sobre la genérica investigación de unos hechos, sino ante un informe que "se presenta con pretensiones de cientificidad, siendo su contenido material y las conclusiones alcanzadas el genuino contenido de un pericia, propia del ámbito de conocimiento de la economía-auditoría". Así, sostiene que la Guardia Civil, lejos de establecer una procedencia "ilícita u origen irregular" de los fondos de Antonio Fernández, se limita a "presumir -y gratuitamente consigna o sugiere- como ilícito o irregular aquello que sencillamente desconoce o ignora".

La defensa señala que los 30.000 euros ingresados en las cuentas del ex consejero por Agustín Moreno, ex alcalde socialista de Torrecera, pedanía de Jerez, son un préstamo que está "perfectamente documentado" pese a que la UCO considera que son ingresos "sin aparente justificación".