La juez convoca a la Junta para que ratifique su petición de inhibición

  • Alaya manifiesta su extrañeza ante la negativa a entregar las actas ya que "solo son secretas las deliberaciones, opiniones y votos emitidos" en el Consejo de Gobierno.

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La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) presuntamente fraudulentos ha convocado este lunes al letrado de la Junta de Andalucía para que ratifique su negativa a entregar las actas del Consejo de Gobierno y plantear un conflicto de jurisdicción.

La juez de instrucción 6 ha convocado personalmente al letrado de la Junta a las 13.30 del lunes para que "se pronuncie si mantiene su requerimiento de inhibición" a la vista del auto judicial del pasado 30 de marzo, cuando la magistrada acotó el tipo de documentos que requiere a la Junta y le reprochó su falta de colaboración.

En dicho auto, la juez Mercedes Alaya lamentó haber tenido conocimiento por la prensa, "y no por escrito como correspondería a una parte personada", de la negativa de la Junta a entregar las actas del Consejo de Gobierno desde 2001, a la vez que expresaba su extrañeza por ese comportamiento procedente de una Administración "personada como perjudicada, como acusación particular y con un publicitado ánimo de colaborar con la justicia".

A la vez, la juez insistía en su requerimiento de recabar las actas y, en contra de la interpretación de la Junta,  aseguraba que "solo son secretas las deliberaciones, opiniones y votos emitidos" en el Consejo de Gobierno, y no los "acuerdos y demás circunstancias que deben figurar en las actas", que es lo que reclama a la Junta.

La juez explica en su auto que requiere dichas actas a partir de 2001 porque en esa fecha se firmó el acuerdo-marco que ha permitido que, durante una década, la Junta haya otorgado ayudas excepcionales, sin control de la Intervención, que entre otros beneficiaron a 72 "intrusos" localizados en ERE financiados por el Gobierno andaluz y otros 111 beneficiarios con irregularidades.

También desea saber si entre 2001 y 2003 "se adoptó algún otro acuerdo ante la existencia de algún reparo por los órganos fiscalizadores, en concreto por la Intervención General y la Cámara de Cuentas", y si entre 2003 y 2004 "el Consejo de Gobierno adoptó algún acuerdo al poder tener conocimiento del déficit de financiación presupuestaria acumulado en los ejercicios 2001 a 2003".

Además, la juez pretende conocer si el Gobierno andaluz "adoptó algún acuerdo relativo a la finalización de la vigencia del mencionado acuerdo-marco", cuya duración se extendía hasta el 31 de diciembre de 2003 pero "se siguió actuando como si estuviera en vigor".

"No está en el ánimo de esta instructora obligar a la Administración a develar extremos que sean materia reservada", dice en su auto, pues la juez no tiene "ningún interés, con la sobrecarga que pesa sobre este juzgado, de examinar más documentación de la necesaria".

Añade que "en cualquier caso, resulta paradójico que durante diez años la Junta de Andalucía no haya detectado las graves irregularidades que se estaban cometiendo con los fondos públicos y que ahora se extrañe de que el juez que investiga el caso quiera conocer los motivos para ello".

En cualquier caso, "no es legítimo, por constituir un abuso de derecho, que la Junta se persone como perjudicada y de otro lado pretenda ocultar, o aparentar que lo hace, datos que pueden ser relevantes para la investigación, incumpliendo el mandato constitucional" de colaborar con la justicia, concluye Alaya.

La juez de instrucción 6 ha abierto estas diligencias por ERE irregulares a raíz de sus investigaciones por el caso Mercasevilla, en el que mantiene abiertos cinco sumarios por la petición de comisiones ilegales, la "venta fraudulenta" de sus terrenos, anomalías contables y por los ERE de 2003 y 2007 en el mercado central sevillano.

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