Caso de los ERE

Una defensa critica que la Guardia Civil retiene desde hace dos años información

  • Sugiere que parte de la documentación que falta puede estar "en poder" de una ex asesora de Empleo.

La defensa del ex diputado andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz, imputado en el escándalo de los ERE fraudulentos, ha criticado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil retiene desde hace más de dos años el 90% de la documentación que en su día entregó la ex asesora de Empleo María José Rofa, lo que está provocando una "profunda indefensión" de los imputados.

El abogado Fernado de Pablo, que representa a Ramón Díaz, ha presentado un recurso de apelación contra la decisión de Alaya de imponer a su cliente una fianza civil de 2,1 millones de euros, en el que recuerda que la ex asesora María José Rofa, también imputada en el caso, entregó el 27 de septiembre de 2011 a la UCO cuatro documentos y dos archivadores que contienen 138 anexos con más documentación. Sin embargo, el 90% de esa documentación "continúa" en la Guardia Civil, por lo que el letrado se pregunta si en esa amplia documentación pueden estar correos electrónicos que han aportado en su defensa u "otros distintos" que pueden favorecer a Ramón Díaz, y también se plantea si después de todo este tiempo "sería posible acceder a medios de defensa".

Fernando de Pablo se cuestiona cómo una funcionaria que ya no trabaja en la dirección general de Trabajo es "poseedora de tan amplia documentación". El letrado argumenta que parte de las imputaciones a otras personas se han basado en la "exigua documentación que tenían los expedientes de ayudas y que algunas estaban faltas de solicitud", por lo que "sería legítimo pensar que esa documentación que se echa en falta en determinados expedientes pudieran encontrarse en poder de tal señora". El abogado del ex diputado Ramón Díaz reclama que se levante la fianza civil impuesta porque considera que no hay elementos para atribuir ninguno de los delitos de prevaricación, malversación de caudales público y tráfico de influencias que se le imputan, al tiempo que subraya que la imposición de medidas de carácter real al ex diputado "quiebra el principio de igualdad entre coimputados", por cuanto María José Rofa y Antonio Diz-Lois, ya que ambos tenían "responsabilidades superiores" a Ramón Díaz y a ninguno se les ha impuesto ninguna fianza civil por la juez Mercedes Alaya.

La defensa asegura que no pueden imputársele estos delitos porque Ramón Díaz no tenía atribuciones para dictar resoluciones en su etapa como asesor en la Consejería de Empleo, ni tampoco tenía relación con las decisiones de pago.

En el recurso, el abogado argumenta que Ramón Díaz dependía jerárquicamente de María José Rofa, que era su "jefa" y persona de confianza del director general de Trabajo, y asegura que es la propia Rofa quien "en realidad" realizaba las funciones que atribuye al ex diputado, por cuanto las actividades que se hacían en relación con los hechos investigados eran "dirigidas y desarrolladas por la señora Rofa, jefa directa" de Díaz, que es quien confecciona los modelos de órdenes de pago y la que realiza los informes de pólizas y presupuestos.

El imputado niega la autoría de los documentos manuscritos que Rofa atribuye "falsamente" a Ramón Díaz y para ello ha aportado un informe pericial caligráfico que concluye que la letra no es del ex diputado y algo más "sorprendente": "la que figura al margen del resumen dando la aprobación a los expedientes ha sido realizada por la coimputada acusadora María José Rofa", asegura la defensa en el recurso.

El abogado de Díaz critica, por todo ello, la "profunda indefensión" que está provocando la instrucción de esta causa y las "dificultades" que provoca en el derecho a la defensa que la "simple declaración de coimputados sin ahondar lo más mínimo en ellas, ocasione el continuo paseíllo mediático y el posible embargo por enormes cantidades sobre asientos tan débiles".

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