El juez decano de Granada defiende la legalidad de la huelga

  • Antonio Moreno ve "demencial" el argumento del CGPJ contra los paros

La tensión entre los poderes ejecutivo y judicial sigue su desarrollo a través de los paros fijados convocados para el próximo día 18. Los cruces de declaraciones entre una y otra parte son incesantes y en este sentido, el juez decano de Granada, Antonio Moreno, consideró ayer "demencial" el argumento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de que el ejercicio de huelga de los jueces no tiene base normativa para justificar su negativa a los paros.

Moreno precisó que el derecho a huelga en todas las profesiones está regulado salvo que lo prohíba la Constitución, y es un ejercicio que está "regulado como derecho constitucional y en el decreto de 1977 para todas las profesiones", mantuvo.

El juez indicó además que si se tiene en cuenta la base establecida por el Consejo "ningún colectivo de trabajadores podría ejercer el derecho de huelga" por lo que se preguntó que "¿cómo no va estar regulado el ejercicio? Si no lo estuviera, no lo estaría para nadie".

Antonio Moreno añadió que entendió "como todos los jueces, como una amenaza" las palabras de la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, sobre que se tomarán "las medidas que correspondan" en el caso en el que los jueces decidan secundar los paros. Por eso puso como ejemplo que si 1.000 jueces van a la huelga, el Consejo les pediría a todos ellos responsabilidades disciplinarias. "¿Qué va a ser peor, el derecho de huelga o echar a la calle a 1.000 jueces? Ellos verán", dijo.

Los jueces unipersonales de la provincia de Granada decidieron el pasado 29 de enero no mantener la convocatoria de huelga, que habían aprobado en junta de jueces anterior, el 21 de enero.

Acordaron dejar "libertad" a aquellos que deseen finalmente secundar los paros, ya que el no mantener los del 18 de febrero "no implica renuncia alguna" a las exigencias ya trasladadas por las cuatro asociaciones de jueces. Los de Granada mantuvieron su adhesión al documento aprobado en la Comisión Interasociativa Permanente (CIP) y su petición de aumentar el ratio a 20 jueces por cada 100.000 habitantes, ya que los diez actuales se consideran insuficientes

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