La juez aplaza la nueva declaración de Antonio Fernández por las supuestas mordidas de 600.000 euros

  • La juez ha justificado el aplazamiento de la declaración en “razones de agenda”, dado que aún no ha finalizado la ratificación del informe pericial de los ERE. Además han sido suspendidas las otras cinco declaraciones previstas para ese día.

La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha decidido aplazar sine díe la nueva declaración del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, al que la magistrada había citado el próximo día 3 de marzo para declarar como imputado por un delito continuado de cohecho en relación con la nueva acusación de haber recibido supuestas mordidas por importe de 602.806,72 euros vinculadas a la concesión de subvenciones sociolaborales, unos hechos que para la juez se desprenden del informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial del ex consejero y su “entorno familiar”.

La juez ha justificado el aplazamiento de la declaración en “razones de agenda”, dado que aún no ha finalizado la ratificación del informe pericial de los ERE, y además de la comparecencia de Antonio Fernández, han sido suspendidas las otras cinco declaraciones previstas para ese mismo día, entre ellas las del ex director general de Trabajo Juan Márquez y el ex director de IDEA Jacinto Cañete.

La instructora también atribuyó la percepción de "dádivas o regalos" al que fuera delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, en este caso con la contratación de un hijo suyo por la empresa Heineken, que recibió ayudas de la Junta por importe de 16 millones y que contrató entre 2005 y 2010 al hijo de Rivas, que recibió 182.118,88 euros en ese periodo.

En un auto dictado el pasado 27 de enero, Alaya explicaba que de los informes realizados por la Guardia Civil sobre la situación patrimonial de ambos ex responsables de la Junta y de sus entornos familiares, resultan de los mismos "indicios de los que se pudieran inferir haber recibido dádivas o regalos por la intermediación o tráfico de influencias", en el caso de Antonio Rivas,  o "por la concesión de subvenciones sociolaborales a determinados beneficiarios", en relación con Antonio Fernández.

Sobre este último, la instructora especificaba que adquirió, durante el tiempo que fue viceconsejero y consejero de Empleo, seis inmuebles –cuatro viviendas y dos garajes con trastero-, que fueron comprados a lo largo de siete años, entre el 18 de agosto de 2001 y el 15 de octubre de 2008, y añadía que sólo en este último año compró cuatro inmuebles: dos suyos y otros dos para su hijo que, según Alaya, “carecía de ingresos para efectuar dicha compra, al igual que en el caso de la compra efectuada por su hija".

La juez cifra en 602.806,72 euros la suma del dinero presuntamente percibido por el ex consejero de Empleo y sus hijos "de origen desconocido, a través del abono en cuentas bancarias o utilizado para la compra de inmuebles, siendo así que el Fernández habría sido autorizado o cotitular de algunas de las cuentas de sus hijos".

El ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández pidió recientemente a la juez Mercedes Alaya que levantara su imputación por cohecho y suspendiera su declaración como imputado, al entender que la instructora ha hecho "puro seguidismo" al trasladar a un auto lo que considera unas sospechas "absolutamente falsas e infundadas" por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que defiende al ex consejero de Empleo, presentó un recurso de reforma en el que asegura que esta unidad policial ha desoído la orden de la juez para que no se investigara el entorno familiar de Antonio Fernández y ha elaborado un informe sin aportar al juzgado los "abundantes elementos documentales" de los que se han valido para llegar a las conclusiones, lo que "imposibilita" refutar su contenido y defenderse de unas conclusiones que considera "absolutamente falsas e infundadas".

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