El decreto de la Junta sobre cajas provoca un rechazo generalizado

  • Un error en el texto del Consejo de Gobierno del martes confunde la limitación del sueldo de los directivos con la retribución de los miembros del consejo, las comisiones de control y las asambleas de las entidades

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Paripé, demagógico, populista, absurdo. Un error en la referencia del Consejo de Gobierno del martes generó ayer una catarata de descalificaciones sobre el decreto que modifica la ley de cajas en Andalucía. A la falta de consulta previa de la que se quejan partidos y sindicatos, se han sumado críticas de fondo de expertos independientes, consejeros y directivos de las cajas que prefieren guardar el anonimato. Especialmente duros han sido los comentarios contra la limitación salarial de los directivos, provocados por una equivocación de la Junta. Pero más allá de los aspectos técnicos de la ley, se reprocha al Gobierno andaluz falta de visión política.

"Andalucía lo que necesita es una entidad importante, con arraigo, con buenos ejecutivos que vivan aquí y que creen riqueza aquí, como ocurre en Cataluña, en Galicia o en Madrid; eso exige un amplio consenso", sostiene un experto consultado por este diario. Ese consenso que el Gobierno regional buscó en junio del año pasado, en su frustrado intento de fusionar Unicaja, Cajasol y Cajasur, ha estado ausente en esta decisión. Otro técnico aporta una visión complementaria: "Necesitamos una entidad financiera comprometida con la realidad andaluza, que ejerza un liderazgo en su crecimiento y que resuelva problemas reales, como la falta de financiación a las empresas. Y eso no se consigue con la limitación de las retribuciones a los directivos, que pueden obtenerlas de sociedades filiales o los bancos de los que son accionistas". 

El asunto de la limitación de las retribuciones ha sido un error literario y, sin duda, también político, porque ha generado la mayor parte de las descalificaciones: estaba mal explicado en la referencia del Consejo de Gobierno del martes. Donde dice directivos debería decir miembros de los órganos de gobierno de las cajas; es decir, miembros de sus consejos de administración, comisiones de control y asambleas. En la ley anterior estos representantes no tenían sueldo y ahora pueden tenerlo. Responsables de la Consejería de Economía explican que con esta medida se quiere limitar la cuantía del sueldo que eventualmente se ponga a miembros del consejo de una caja vaciada de contenido, al que ahora tiene el presidente de la Junta.

La norma impide que se pueda cobrar de la caja y del banco al mismo tiempo. En la práctica, se da por hecho que la disposición no afectará a presidentes y vicepresidentes ejecutivos de las cajas, que cobrarán su retribución del banco en el que participen sus entidades. Y también se presupone que la intención de las entidades no es establecer sueldos para los miembros de sus órganos de gobierno, aunque la ley lo permita. En todo caso, la Junta estaba obligada a adaptar la legislación regional a la norma básica nacional. El decreto es eminentemente técnico y versa, como puede verse al final de esta información, sobre las distintas fórmulas de capitalización de las entidades y la profesionalización de sus gestores.

Además de criticar que no se haya consultado el texto desde el PP, Izquierda Unida, Comisiones Obreras y UGT, estas organizaciones destacan que se ha reducido extraordinariamente el campo de aplicación sobre la que se legisla. ¿Cuántas cajas andaluzas hay?, se preguntaba un experto consultado por este diario. Sólo una con arraigo, que no se haya convertido todavía en un sip nacional, propietario de un banco, pero está en camino de hacerlo. Otro jurista consultado apunta que lo que habría que regular son las fundaciones que van a gestionar los beneficios que generen los bancos de los que son accionistas las cajas regionales.

Íñigo Vicente, de Comisiones Obreras, echa de menos en la referencia del Consejo de Gobierno qué pasará con los representantes de trabajadores, impositores y ayuntamientos en el futuro. En concreto qué ocurrirá en Unicaja en 2013 y en Cajasol en 2015, cuando haya que renovar los órganos de gobierno de unas cajas sin impositores, ni casi trabajadores, que estarán en los bancos propiedad de las entidades. Y también qué pasará con la representación municipal, que ahora está en función  de los depósitos realizados en cada municipio. La norma básica nacional y la regional, sin embargo, recogen esta eventualidad: en los tres casos valdrán las cifras del banco para la elección en las cajas. 

Varios expertos consultados destacan que el 10% que se reduce a la representación pública se dedique íntegro a aumentar la cuota de otras organizaciones. En el pasado este epígrafe ha permitido la llegada arbitraria a algún consejo de determinadas personas en nombre de organizaciones de escasa representatividad social.

Diego Valderas, de IU, considera el decreto un "canto a la nada, porque no hay cajas andaluzas que no hayan entrado en un proceso de bancarización". Si el decreto tiene una tramitación parlamentaria para su ratificación, IU propondrá la creación de una caja pública entre Junta, diputaciones, ayuntamientos y mancomunidades.

Un consejero del PP quiere ver en la reducción de la representación de municipal en las asambleas de las cajas un intento de paliar un auge del voto a su partido en las elecciones del 22 de mayo. Pero, en general lo que más ha llamado la atención de este decreto ha sido la limitación de salarios de los directivos. Un error.    

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