Juicio de la Operación Karlos

Las defensas alegan que "la verdad no se consigue a cualquier precio"

  • La mayoría de abogados se une a las peticiones de nulidad de las escuchas planteadas por los letrados de Casto, Campanario y tres acusados más · Creen que hubo una investigación paralela y sin control judicial

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“La verdad no se puede conseguir a cualquier precio”. Fue la frase pronunciada por el abogado defensor de María José Campanario, el penalista Baena Bocanegra, para empezar su exposición  en la que solicitó la nulidad de las escuchas en la operación Karlos. Como él –que también habló en representación de la madre de Campanario–, intervinieron las defensas de Francisco Casto, uno de los principales acusados, José Luis López, José García y Harold Escalante, que pidieron también la nulidad de las intervenciones telefónicas. Muchos de los abogados de los 25 acusados –23 por el fiscal y dos por la Junta o la Seguridad Social– finalmente se adhirieron a la petición de sus compañeros, incluso algunos que han pactado con el fiscal.

La vespertina primera sesión del  esperado juicio de la Operación Karlos, que desmanteló una supuesta trama para la obtención fraudulenta de pensiones de incapacidad laboral, se centró  sólo en las cuestiones previas presentadas por estos abogados, que intentaron convencer al Tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz de la nulidad de todo el proceso, que acabe aquí por la contaminación de unas escuchas que consideran nulas. Las acusaciones de los imputados se basan principalmente en estos pinchazos telefónicos, dijeron sus defensores  y  hasta tal punto lo llevan que Baena rebautizó  la operación como el caso Don Teléfono, entendiendo que la exclusión de las conversaciones, grabadas ilegalmente según su postura, llevaría a la anulación de todo.

Los investigadores descubrieron la trama de obtención  de pensiones que ahora se juzga durante las escuchas de otra operación, la Halcón, un asunto de falsificación de facturas, y por eso argumentan que los dos casos no fueron separados desde el principio y que se estaba investigando otro delito  y no un fraude a la Seguridad Social. Además insistieron en la falta de control judicial y de conocimiento de la investigación del Ministerio Fiscal, la falta de motivación o la vulneración de derechos fundamentales, el secreto de las comunicaciones o la intimidad y las dudas sobre su inconstitucionalidad.  Cuatro de los letrados mantuvieron ayer lo que ya habían anunciado expusieron los motivos de sus peticiones.

El primero en hacerlo fue el abogado del médico Francisco Casto, Felipe Meléndez, para el que el fiscal pide hasta 10  años de prisión como uno de los principales acusados de la trama junto a Carlos Carretero. Meléndez se centró en recordar que las intervenciones de los teléfonos de Carlos Carretero y Elisa Calvente, su secretaria, se autorizaron para investigar “un delito contra la Hacienda pública de estas personas y no de otras”. Algo que se hizo en noviembre de 2005 por el Juzgado número 2 de Instrucción de Jerez,  y que no se habló del fraude a la Seguridad Social hasta febrero de 2006 cuando se separa la causa y lo lleva el Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz. Habló, entre otras cosas, de la falta de control por tanto de esta investigación por la autoridad judicial, e incluso se hizo una investigación paralela del mismo por parte de Vigilancia Aduanera. Esta tesis la sostuvo también el  abogado de José García, vecino de Ubrique, que obtuvo supuestamente una de las pensiones, que dijo que la investigación que emprende la Guardia Civil desde febrero de 2006 “se nutre única y exclusivamente de los informes anteriores, con incluso ya un organigrama  de cómo funcionaba la organización”.

Baena Bocanegra, que habló en representación de María José Campanario y su madre, insistió en que “la verdad no se puede buscar de cualquier manera”. El abogado dijo incluso que en ningún momento se autoriza la intervención justamente del teléfono de Carretero y que el descubrimiento de ese número se hizo por métodos irregulares, con autos “pocos motivados y de 27 renglones” y “con un silencio  de Vigilancia Aduanera, que estaba muy contenta escuchando lo que le daba la gana”. Tanto Bocanegra como otros compañeros aludieron a  otras sentencias en las que se anularon las escuchas como el caso Naseiro. “Los ciudadanos tienen que saber que la verdad a cualquier precio no, no y no”, insistió en su intervención.

La operación Karlos “empezó como un caballo de carreras y termina como un jamelgo viejo”. Así se  pronunciaría el abogado de José López, José Álvarez, que fue el último en intervenir, y que recordó la falta de conocimiento del fiscal o que la sesión primera de la Audiencia dictaminara en su día que uno de los autos de la instrucción “no son un modelo de buena práctica judicial”. Cinco años después de la detención  de los principales acusados, se sientan en el banquillo y ahora, dijo, “nos han dejado el marrón a todos”.

En principio, la resolución del Tribunal estaba prevista para el viernes aunque, al ser pocas las defensas que intervinieron, quizás se conozca unos días antes. Hoy,  a las nueve y media de la mañana, se reanudará el juicio con las intervenciones del fiscal y las acusaciones de la Junta de Andalucía y la Seguridad Social, que rebatirán todo lo planteado ayer. Una vez escuchadas todas las partes, el Tribunal decidirá sobre la nulidad planteada.

Muchas de las defensas de los acusados, no todos, se adhirieron a lo argumentado para esta nulidad de las escuchas, incluso la de Carretero y otros que habrían llegado ya a pactos con el fiscal. Si la decisión se conoce el viernes sería en “otro viernes de dolores”, agregó Alvarez, recordando que en esa jornada fueron detenidos muchos de los acusados.

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