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Andalucía

22 personas detenidas y 851 imputadas por falsedad en titulaciones náuticas

  • La operación ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil de la Comandancia de Cádiz y se ha desarrollado en 31 provincias de todo el país desde que se inició el pasado octubre

La Guardia Civil ha detenido a 22 personas e imputado a otras 851 por falsificación de titulaciones náuticas deportivas en el transcurso de una operación denominada Sextante y que se ha extendido por 31 provincias de la geografía española. Además, la Benemérita ha intervenido documentos falsificados que habilitaban para navegar a una distancia de 150 millas náuticas manejando embarcaciones de recreo a motor de hasta 24 metros de eslora. 

 

En su edición del pasado viernes 27 de marzo Diario de Cádiz ya adelantó que la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Cádiz había iniciado una investigación para destapar una trama que llevaría años vendiendo titulaciones náuticas sin control -hasta a 2.000 euros- y que había centenares de imputados en el país. 

La operación se inició en el mes de octubre del pasado año, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que una persona relacionada con el mundo náutico estaría proporcionando títulos como patrón de yate, de embarcación de recreo y de patrón de navegación básica, previo pago de una cantidad de dinero para poder tripular distintas clases de embarcaciones sin tener que aprobar ningún examen.

 

Posteriormente, los agentes determinaron la existencia de un entramado en el que distintas entidades relacionadas con el mundo de la náutica estaban lucrándose mediante la falsificación de titulaciones para que las personas que habían pagado por obtener la titulación alcanzaran su objetivo.

 

Asimismo, se pudo comprobar con distintas administraciones autonómicas que se estaban expidiendo gran cantidad de titulaciones sin que, en la mayoría de los casos, los titulares figuraran en sus bases de datos y contaran con una copia del examen realizado.

 

Previo pago de una elevada cantidad de dinero, el interesado recibía un sobre cerrado con el título y la documentación correspondiente sin haberse presentado a examen. En otros casos, en los organismos figuraba el interesado como ausente o no presentado y sin embargo recibía los mismos documentos. A veces el interesado recibía la plantilla de examen y la hoja autocopiable con las respuestas correctas.

 

Por otro lado, estaban las personas que formaban parte de los supuestos tribunales examinadores, donde en la misma fecha y con una diferencia de dos horas, estas personas figuraban como parte del tribunal de dos o más provincias. Los agentes han podido constatar que algunos componentes de estos tribunales habían sido coaccionados y amenazados  por los presidentes de las federaciones para que accedieran al fraude y así poder conservar su empleo.

 

Cabe destacar la participación de una persona que bajo la apariencia de una colaboración altruista con los servicios de Protección Civil de un Ayuntamiento facturó en al menos tres ocasiones al Consistorio unos gastos de formación, derechos de examen, alquiler de local y practicas a los voluntarios de este servicio municipal, cercanos a los 9.000 euros, cuando en realidad, los supuestos exámenes se realizaron en la sede de un club deportivo de pesca, de manera gratuita, y no se abonó tasa alguna, ya que las titulaciones eran falsas.

 

La Guardia Civil ha podido constatar que las personas que se hicieron con las titulaciones falsas han estado navegando por aguas españolas con atribuciones de capitanes de yate careciendo de los conocimientos necesarios para ello, ya que no participaron en los correspondientes cursos formativos ni superaron las pruebas que habilitan para estos fines.

 

La Guardia Civil ha puesto en marcha una nueva campaña de control e inspección de embarcaciones deportivas y de recreo que se prolongará hasta el próximo 15 de septiembre, con la que se pretende mejorar la seguridad de los usuarios de este tipo de embarcaciones, así como la de los bañistas y personas que visitan nuestras costas en el periodo estival. 

 

En la operación se han visto afectadas las Consejerías de Agricultura Pesca y Alimentación de las comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña, Valencia, Murcia, País Vasco, Asturias y Galicia, así como las de las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la Capitanía Marítima, la Federación Española de Motonáutica, la Federación Española de Vela, la Federación Andaluza de Vela.

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