El Tribunal Supremo considera insuficiente la investigación realizada por la juez Mercedes Alaya respecto a los ex consejeros de la Presidencia de la Junta Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno, quienes fueron incluidos por sorpresa en la exposición razonada remitida en agosto pasado por la instructora. Eso es al menos lo que se desprende de la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro de ordenar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue la posible participación de ambos aforados en el fraude de los ERE.

En una providencia, que tiene fecha del pasado miércoles, el instructor de la causa abierta contra cinco aforados -entre los que se encuentran además los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el diputado José Antonio Viera-, ha reclamado en concreto a los agentes de la UCO que practiquen una investigación centrada en "constatar cuáles son las actividades realizadas" por el diputado Gaspar Zarrías y la senadora María del Mar Moreno "en el ámbito de la Junta de Andalucía o en cualquier otro cargo público que estuviera relacionado con los hechos presuntamente delictivos que aquí se investigan".

El magistrado aclara que la investigación se circunscribe a la concesión de ayudas sociolaborales y ayuda económicas directas a diferentes empresas de Andalucía, así como a personas físicas, en el periodo comprendido entre 2000 y 2012. La investigación encomendada a la UCO, prosigue el instructor, debe centrarse "fundamentalmente" en el periodo de tiempo en el que ambos aforados desempeñaron el cargo de consejero de la Presidencia de la Junta.

El instructor quiere que los agentes de la Guardia Civil informen sobre "qué resoluciones, en su caso, han dictado" Gaspar Zarrías y Mar Moreno como consejeros en relación con el fraude de los ERE, así como de los "actos" en los que intervinieron relativos a su ejecución. Entre las cuestiones que deben responder los investigadores se encuentran además las actuaciones a las que aparecen "directamente vinculados" ambos aforados que tuvieran "alguna repercusión en el menoscabo patrimonial del erario público que se investiga en la presente causa".

En la exposición razonada, Alaya se refería a la presunta implicación de los miembros del Gobierno andaluz en la ideación del sistema de concesión de las ayudas, al afirmar que "no se trata de que los consejeros de Hacienda, Innovación o el presidente de la Junta conocieran el sistema puesto en marcha por la Consejería de Empleo, es que participaron la mayor parte de ellos en su instauración y todos ellos en su mantenimiento".

Para la juez, es "altamente probable que tanto el presidente Manuel Chaves, a quien le correspondía fijar las directrices generales del Gobierno y asegurar su continuidad, como el consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, entre cuyas competencias estaba la asistencia técnica y política del presidente, hayan tomado tal determinación en connivencia con José Antonio Viera, al margen de nuestro ordenamiento jurídico". Alaya añadía que fueron doce las modificaciones presupuestarias que se produjeron en la etapa de Viera para incrementar el crédito de las transferencias de financiación, por importe de 125.197.917 euros.