Las diputaciones se encargarán de la planificación económica

  • La Junta plantea que sean los gobiernos provinciales quienes ponderen todas las inversiones

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¿Qué papel ejercerán las diputaciones y gobiernos provinciales a partir de ahora? La nueva ley de autonomía local resuelve uno de los aspectos más delicados de la arquitectura municipal por una vía intermedia que, sin quebrar el notable grado de autonomía local otorgado por el propio texto a los municipios, garantice algún tipo de función a las diputaciones para que éstas puedan seguir existiendo.

De esta manera, el texto de la ley asigna a las provincias la función de asistir a los municipios, de forma individual o en base a su asociación libre, en una serie de materias esenciales. El sistema está pensado para los ayuntamientos de pequeño y mediano tamaño que no cuenten con fondos ni técnicos suficientes para determinados proyectos. Serían las diputaciones quienes les prestaría asistencia especializada en asuntos como el planeamiento urbanístico, la elaboración de pliegos de condiciones para los contratos públicos, la redacción de ordenanzas y reglamentos, el asesoramiento jurídico, la formación y selección del personal o la aplicación de sistemas de administración electrónica.

El grueso de las competencias provinciales, sin embargo, están en el capítulo económico, además de en la prestación de determinados servicios, bien de forma directa -por falta de capacidad municipal- o indirecta -por suplencia de un consistorio con problemas-. En el primer caso se incluye la inspección y recaudación tributarias, las tareas de disciplina urbanística o la ordenación laboral, así como la gestión de la basura, los servicios de bomberos y el abastecimiento de agua. Estas atribuciones, en teoría, situarían a las diputaciones como el foro más adecuado para las distintas fórmulas de colaboración entre municipios.

En relación a la labor de asistencia económica, la ley es especialmente expresa: quien manejará los programas de asistencia económica que se aplicarán en los municipios serán las diputaciones. Los gobiernos provinciales analizarán las demandas de inversión de los ayuntamientos, negociarán con ellos, fijarán los criterios básicos con los que se priorizarán las iniciativas municipales y deberán pactar con los alcaldes el criterio definitivo de aplicación de estos fondos sobre la base de la perspectiva provincial. Cada municipio estará, según el texto legal, "obligado a aplicar la asistencia económica a los proyectos específicos" que asignen los planes económicos de las diputaciones, que son las que se encargarán de controlar este extremo. También serán las corporaciones provinciales el foro institucional adecuado para promover la agrupación de municipios con el fin de costear un determinado servicio público.

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