Ere irregulares

El ex director de Empleo atribuye a sus superiores el destino de las ayudas

  • Guerrero atribuye a "un error administrativo" de las consultoras la inclusión de los intrusos y añade sobre la discrecionalidad de las ayudas que "atendió a todo el que las solicitó"

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 El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero aseguró a la Policía Judicial sobre las ayudas a las empresas en crisis donde se han detectado hasta 182 irregularidades que él se limitó a aplicar el sistema que sus superiores le "impusieron", en alusión al convenio de colaboración suscrito en julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA).

En la nueva declaración de Francisco Javier Guerrero como imputado -que tuvo lugar después de haber reconocido que existía un "fondo de reptiles" para las empresas en crisis-, el ex director de trabajo niega que él incluyera a los denominados intrusos o falsos prejubilados en los ERE de distintas empresas sufragados con fondos públicos, un hecho que Guerrero atribuye a un "error administrativo" de las empresas consultoras, según recoge la Policía en el nuevo atestado policial remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

En esta nueva comparecencia, en la que la Policía le imputa hasta cuatro delitos -tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación y cohecho-, Francisco Javier Guerrero dice que "se ha enterado por la prensa" de la aparición de casos de intrusos como el ex militante del PSOE de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo o de María del Carmen Fontela, y añade que "nunca ha llevado a cabo ninguna acción con la conciencia de ilegalidad o discrecionalidad".

El ex director general de Trabajo sostuvo ante los investigadores que el hecho de incluir a estas personas en paquetes de empresas "no responde al hecho de que se hagan pasar por ex trabajadores d esta empresa, sino que la consultora los incluye en un paquete general", por lo que considera que es "un error administrativo de la propia consultora", aunque añade que "no sabe explicar cómo ha podido hacer estas cosas la consultora".

Guerrero dice que desconoce la existencia de la póliza en la que el ex consejero de Empleo Antonio Fernández figuraba como prejubilado de las bodegas González Byass, y respecto a la inclusión de su suegra en una prejubilación de SOS Cuétara alegó que "la trató como a cualquier otra persona que fuera a pedirle una ayuda individual".

La Policía le insistió sobre el grado de discrecionalidad en la concesión de estas ayudas, a lo que Guerrero defendió que "atendió a todo el que llegó a solicitar astas ayudas". El ex alto cargo autonómico admitió que "es verdad que podía haber atendido a otras personas, pero a todo el que lo solicitó se le atendió". Según Guerrero, no había "ninguna norma que dijera nada en contra" de la concesión de estas ayudas individuales porque "entre las competencias de la dirección general de Trabajo se encontraba la resolución de conflictos colectivos e individuales".

Para conceder estas ayudas, Guerrero admitió que no consensuaba o pedía autorización a sus superiores, pero dijo en que "daba cuenta de su gestión en los consejos de dirección" de la Consejería.

En el nuevo atestado policial remitido al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la unidad de Policía Judicial incorpora las actuaciones relacionadas con otros 17 detenidos -todos ellos en libertad tras prestar declaración-, lo que eleva al menos ya a 28 el número de personas arrestadas por el escándalo de los ERE.

Entre los nuevos detenidos figura el ex alcalde socialista de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, al que se imputa un presunto tráfico de influencias y que ha explicado que no tenía constancia de que se hubiera cometido ninguna ilegalidad. El ex regidor aseguró que Guerrero estaba "preocupado" por su situación personal tras su salida de la Alcaldía en 2007 y dijo que le ofreció una prestación adicional derivada de un "fondo de pensiones" que el propio Guerrero se encargaría de tramitar. Rosendo depositó su "confianza plena" en Guerrero porque pensaba que "toda la gestión se encontraba dentro de los cauces legales".

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