La Ley de Aguas de Andalucía está excesivamente encaminada a fomentar la creación de empleo, pero olvida la protección medioambiental del recurso, "que es su principal objetivo". Este es el lamento, y la crítica, que hicieron ayer los grupos conservacionistas WWF, Ecologistas en Acción y la Fundación Nueva Cultura del Agua respecto del Proyecto de Ley de Aguas de Andalucía, actualmente en trámite parlamentario.

"No tiene sentido que el principal objetivo de una normativa dirigida a cumplir con las exigencias de la Directiva Marco Europea, por la cual hay que garantizar el buen estado ecológico de las masas de agua antes de 20105, sea abiertamente la creación de empleo", dijo la portavoz de WWF Eva Hernández, quien insistió en que el agua "no es sólo un recurso económico, sino, sobre todo, natural que hay que cuidar desde una perspectiva conservacionista y si esto se hace bien, entonces vendrá la generación de riqueza y empleo".

Las organizaciones conservacionistas, que comparecieron en el Parlamento junto con otros agentes socioeconómicos para realizar sus aportaciones a la ley, señalaron algunas "carencias importantes" que sufre el texto actual, como la "reducción de los mecanismos de control" sobre las aguas subterráneas. Las organizaciones ecologistas subrayaron que, con la ley, no hará falta una autorización ni el pago de un canon para la explotación de pozos de menos de 7.000 metros cúbicos anuales, algo que consideran "una amnistía para quitarse de encima el problema de los pozos ilegales", que se cifran en España en más de 500.000.

WWF, Ecologistas en Acción y la Fundación Nueva Cultura del Agua lamentaron que se contemplen en el texto legislativo los trasvases como una solución para mejorar el estado de los acuíferos, cuando "lo que hay que hacer es controlar la legalidad de su explotación, realizar un plan de extracciones y luego plantear si es necesario traer agua de fuera", señalando que plantear los trasvases como primera opción, con los impactos ambientales suponen, "es un sinsentido". También rechazaron que la ley recoja la posibilidad de ampliar la superficie de regadío si se aumenta la eficiencia en el uso del agua en lugar de ahorrar los excedentes, que sería lo "lógico en una comunidades como Andalucía con acuíferos sobreexplotados y cuencas deficitarias".

Para los ecologistas, la futura normativa "quiebra el principio de unidad de cuenca" al plantear la gestión de las mismas por distritos provinciales, lo que "va tanto en contra de la Directiva Marco de Aguas como del sentido común", indicaron. La recuperación de costes es, de otro lado, según advirtieron, "muy limitada", ya que, "contrariamente a lo que establece la Directiva europea, "a la hora de establecer el precio del agua sólo tiene en cuenta el volumen del agua consumida, en lugar de sumar a éste los costes derivados de la construcción del embalse, su mantenimiento y los precios ambientales".