Los fiscales denuncian dejación para demoler viviendas ilegales

  • El Ministerio Público lamenta la "reticencia" de los jueces de lo Penal para imponer sentencias de derribo · La Fiscalía reclama más personal administrativo

12,3%

Los fiscales de Medio Ambiente presentaron ayer su memoria anual de 2007 con la queja de la dejación que encuentran en las administraciones para imponer la legalidad urbanística ante las construcciones ilegales, una situación a la que suman la "reticencia de los tribunales penales para acordar demoliciones". Así lo pone de manifiesto el fiscal especializado en esta materia en la provincia de Granada, Ignacio Rodríguez Fernández.

Este fiscal, encargado de redactar el estudio doctrinal de esta memoria, mantiene que existe una "total dejación" de las autoridades administrativas al ejercer "las potestades protectoras de la legalidad urbanística". Esto ha llevado, según el fiscal, a que "queden sin ejecutar la mayor parte de las sentencias de los tribunales de lo Contencioso-Administrativo que han impuesto a las administraciones competentes la obligación de demoler".

La consecuencia de todo esto es que buena parte de las cuestiones sobre ilegalidades en ordenación del territorio deriven a los juzgados de lo Penal, en los que los fiscales también han encontrado "reticencias" para imponer sentencias de derribo. "Una respuesta de los tribunales penales que reproduzcan miméticamente el desinterés de la Administración en la aplicación de la medida de demolición no puede ser más desalentadora para la sociedad", concluye Rodríguez Fernández.

El texto de la Fiscalía recuerda las conclusiones a las que se llegó en unas jornadas celebradas junto al Defensor del Pueblo Andaluz, en las que se expuso que corresponde a "ayuntamientos y, en su caso, a la Junta de Andalucía, la competencia y los medios para impedir, desde el inicio, las actuaciones no autorizables que se ejecuten en el suelo no urbanizable". Pero también se recuerda a las empresas suministradoras de servicios, como las eléctricas o las empresas de agua, que "eviten la consolidación de actuaciones urbanísticas ilegales" suscribiendo contratos con los propietarios de estas viviendas.

El número de diligencias de Urbanismo incoadas por las Fiscalías de Medio Ambiente andaluzas crecieron el pasado año un 12,3% y pasaron de las 925 de 2006 a las 1.039 del ejercicio siguiente, frente a la bajada del 5,9% y 14,3% que hubo en los delitos de medio ambiente y de patrimonio.

El coordinador de estos fiscales, Luis Carlos Rodríguez León, reclama ante el incremento de casos que se "reconsidere los medios personales con los que dispone la red, en lo que al personal auxiliar se refiere". Insiste también Rodríguez León en la necesidad de crear las Unidades Adscritas multidisciplinares, en las que participen también los efectivos de la Guardia Civil del Seprona, la policía autonómica, los agentes de Medio Ambiente, y expertos en ordenación del territorio, medio ambiente y patrimonio.

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