Más de 7.000 funcionarios protestan contra la ley del sector público en Córdoba

  • Los manifestantes aseguran que la medida supone hacer fijos a 26.000 trabajadores sin superar oposición alguna

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Alrededor de 7.000 funcionarios según la Policía Local -más de 10.000 para la organización- participaron ayer en la manifestación convocada por los trabajadores de la Junta para reclamar al Gobierno de José Antonio Griñán que derogue el decreto ley sobre la reordenación del sector público. A la marcha se sumaron trabajadores de todas las provincias andaluzas y supone un punto y seguido a las decenas de actos que los funcionarios han protagonizado en los últimos meses cada vez que algún integrante del Gobierno regional ha visitado Córdoba.

La marcha avanzó tras una pancarta sujetada por funcionarios de todas las provincias andaluzas en la que rezaba el lema "Por la transparencia y los derechos de los ciudadanos. No al despilfarro". "Contra la dictadura del enchufismo. Por la iguladad de todos los ciudadanos", era el escrito de la segunda pancarta. El portavoz de los manifestantes, José María Herrera, anunció que ya han contactado con varios bufetes de abogados para preparar informes con la intención de presentar recursos de inconstitucionalidad contra la norma de la Junta. Herrera también avanzó que recurrirán los estatutos de las seis agencias públicas empresariales creadas por el Gobierno de Griñán, a quien reclamó "que tenga la dignidad de dimitir" si los tribunales "tumban" su proyecto. Los funcionarios, además, presentarán el jueves un escrito de 18 folios para denunciar a la Junta ante la Unión Europea por el escándalo de los expedientes de regulación de empleo (ERE), pues incluían fondos europeos.

Los trabajadores criticaron que la Junta llame reordenación "al intento de perpetuar en la Administración a un sinfín de cargos políticos socialistas, sindicales y allegados con absoluta violación del principio de iguladad" y al "intento de eliminar progresivamente a los funcionarios de carrera al enchufar a 26.000 externos de sus deficietarias sociedades mercantiles y fundaciones". También recordaron que las seis agencias públicas empresariales que el Gobierno andaluz pretende crear "son de la misma naturaleza que el Instituto de Fomento de Andalucía, artífice del fraude de los ERE que ha supuesto el desvío de 680 millones de euros".

En el acto participaron los sindicatos CSIF, USO, Ustea y Safja, aunque no CCOO ni UGT, que en su momento firmaron a favor del citado decreto sobre reordenación del sector público.

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