Destino Andorra. Origen Estepona. Esa fue la ruta de 10 millones de euros que la Policía ha encontrado en una cuenta bancaria del principado relacionada con el ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona, Pedro López, detenido en la operación Astapa contra la corrupción municipal. La cantidad de dinero localizada por los investigadores estaba a nombre de los familiares de López, a los que el juez instructor del caso, Jesús Torres, imputa ahora los presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad en documento y contra la ordenación del territorio.

La tesis de Torres es que esos 10 millones serían el fruto de las comisiones abonadas por empresarios de la construcción a cambio de la concesión de licencias por parte del Ayuntamiento cuando López, que en la actualidad se encuentra en libertad bajo fianza de 300.000 euros, controló la gestión urbanística como cargo de confianza del Partido Estepona (PE) durante el pacto de gobierno con el PSOE entre 2003 y 2007. El dinero ya ha sido bloqueado tras una comisión rogatoria remitida a las autoridades andorranas.

Para esclarecer los pormenores de la existencia de esa cuenta en Andorra, el juez instructor ha tomado declaración a los padres y al hermano de López y a una cuarta persona a la que se le imputa el presunto delito de blanqueo de capitales, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En estas últimas diligencias, queda pendiente por declarar una quinta persona a la que se desconoce qué delitos se le imputarán. El número de implicados en la trama es ya de 68.

Además, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Estepona ha ampliado la declaración al ex gerente de Urbanismo, a quien se le han imputado dos nuevos delitos, los de falsedad en documento y contra la ordenación del territorio, que se suman a los de malversación y cohecho que se le imputaron cuando fue detenido en la primera fase de la operación Astapa, el 17 de junio de 2008.

Por otra parte, la Audiencia Provincial de Málaga confirmó el procesamiento del presunto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, de la empresaria Sandra Von Bismark, y de dos letrados por un delito de blanqueo de capital con relación a una operación urbanística de compraventa de una parcela investigada dentro de la operación Malaya.

A través de un auto, la Sección Primera de la Audiencia de Málaga desestima los recursos de apelación presentados por los cuatro procesados contra el tercer auto de procesamiento de esta causa, dictado por el instructor Óscar Pérez el pasado año.

La investigación, realizada por el grupo III de Blanqueo de la Udyco-Costa del Sol, giró sobre la venta en diciembre de 1997 por parte de una sociedad vinculada a Von Bismark, de unos terrenos de 17.000 metros cuadrados en la zona de Nagüeles adquiridos por 204.000 euros por una empresa gestionada por el bufete Sánchez Zubizarreta, en la que Roca participaba en un 50%.