La historia de Francisco Javier Guerrero Benítez, el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía durante nueve años y ahora es el principal imputado en el escándalo de los ERE, es la de un hombre que alcanzó tal poder dentro de la Administración autonómica que pudo conceder en un solo día 1,3 millones de euros en subvenciones públicas a su propio chófer sin que nadie sospechara de su actuación.

Eso es, al menos, lo que se desprende de la declaración prestada ante la Policía por Juan Francisco Trujillo, el ex chófer de este alto cargo de la Consejería de Empleo y que acaba de dar un giro espectacular a la investigación de la juez Alaya al asegurar que parte del dinero de esas ayudas se destinó a pagar "cocaína, fiestas y copas" de Guerrero. El antiguo conductor reveló además que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social fue el artífice de la concesión de las tres subvenciones públicas que recibió en el año 2004. "Una tarde, en un local de copas a los que era muy aficionado Guerrero, y a los que finalmente el dicente acabó aficionándose también, Guerrero le comentó la potestad que él tenía como director general de conceder subvenciones indiscriminadamente y sin necesidad de justificar nada", recoge textualmente la declaración ante la Policía de Andújar (Jaén) de Juan Francisco Trujillo.

Pero la pregunta que todo el mundo se hace en estos momentos no es otra que quién es Francisco Javier Guerrero, y cómo pudo llegar a alcanzar tanto poder y, sobre todo, sin aparente control de la Administración al amparo de la polémica partida 31L, que contó con un presupuesto de más de 647 millones para el período 2000-2009 para destinarlo a empresas en crisis y que el mismo Guerrero bautizó como "fondo de reptiles". Su poder se mantuvo en la Junta de Andalucía durante nueve años -fue nombrado director general el 26 de septiembre de 1999 y cesado el 2 de abril de 2008-, en un periodo en el que pasaron por la Consejería de Empleo hasta tres titulares: Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández, éste último también imputado en la causa de los ERE. En su última etapa como director general, Guerrero se sometió a un tratamiento de desintoxicación de sus adicciones. Después, se reincorporó al puesto y al poco tiempo fue destituido, momento en el que también dejó de trabajar para la Junta el que había sido su chófer.

Francisco Javier Guerrero pertenece a lo que se llamó el clan socialista de El Pedroso, localidad sevillana donde nació en 1956 y con la que estaban vinculados destacados dirigentes socialistas como el propio Viera, la primera mujer de José Caballos y el que fuera alcalde de El Pedroso durante muchos años Rafael Rosendo, un compañero de partido al que le unía una gran amistad y que también está imputado por haber recibido ayudas públicas por importe de 109.750 euros.

Rosendo no fue el único vecino de El Pedroso que logró subvenciones públicas con cargo a la partida 31L, puesto que Guerrero entregó más de medio millón de euros a otro militante del PSOE de la localidad sevillana, Alejandro Millán Torres, y a su amigo Rafael Ruiz García, padre de la ex gerente de la Fundación Promi, Cristina Ruiz, que se retiró de las listas del PP al Ayuntamiento de Córdoba después de que se le atribuyeran supuestas implicaciones en los ERE, no demostradas, por haberse reunido con Guerrero.

El ex director general, que aún no ha sido citado a declarar por la juez Mercedes Alaya, ha prestado hasta ahora dos declaraciones ante la Policía Judicial. En la primera, de fecha 21 de diciembre de 2010, tras la aparición de los primeros intrusos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la empresa pública mixta Mercasevilla, Guerrero aseguró que las ayudas no se tramitaban como subvenciones excepcionales, sino que era "un fondo de reptiles para crisis que tenían que afrontar con empresas que necesitaban respirar". El ex alto cargo reconoció entonces que el procedimiento de tramitación de los ERE no estaba regulado, a pesar de que se realizaron "ocho borradores de decreto y diez borradores de órdenes", pero nunca se llegó a tramitar.

En la segunda declaración, el 11 de marzo de 2011, Guerrero compareció según el atestado policial en calidad de imputado no detenido por delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación y cohecho. En esa comparecencia, el ex alto cargo aseguró en su descargo que él se limitó a "aplicar el sistema que superiores le impusieron", en alusión al convenio de colaboración suscrito en julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) por el que se abonaban estas ayudas sociolaborales. Guerrero afirmó en esa declaración que se había "enterado por la prensa" de la aparición de los primeros intrusos y defendió que "nunca ha llevado a cabo ninguna acción con la conciencia de ilegalidad o discrecionalidad".

Para tratar de negar la discrecionalidad en la concesión de las subvenciones, Guerrero sostuvo que "atendió a todo el que llegó a solicitar estas ayudas", lo que no explica la aparición de casos como el de su suegra, Victorina Madrid Pisabarro, que llegó a cobrar 155.900 euros por su inclusión en el ERE de SOS Cuétara, empresa para la que nunca trabajó, y otros 74.176 euros de una póliza individual.

Compañeros de partido, amigos y familiares de Guerrero se beneficiaron del cobro fraudulento de ayudas públicas que investiga la juez Alaya. El ex alto cargo de la Junta y hasta ahora principal imputado en la trama era una especie de figura arreglatodo para los distintos conflictos laborales que se suscitaron en la última década en Andalucía, pero lo que parece que no todos conocían es que muchos de esos arreglos beneficiaron presuntamente a sus allegados.