El presidente de la asociación de trabajadores de Matadero de Fuente Obejuna, Manuel Granado Pérez, ha asegurado este jueves a la juez Alaya que creía que el conseguidor de los ERE Juan Lanzas era un “representante de la Junta de Andalucía” y, por tanto, pensaba que todo lo que se hizo con los trabajadores de esta empresa era legal.

Este imputado, al que la juez Mercedes Alaya ha imputado delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencia, ha asegurado en su declaración que pensaba que la inclusión de los trabajadores del matadero en la empresa Técnicas Agrícolas Ecológicas Integrales era legal y ha añadido que se limitó a firmar los documentos que le entregaron. Según ha dicho, siempre fue haciendo lo que le decían fundamentalmente el responsable de Vitalia, Jesús María Bordallo, y Juan Lanzas, al que insistió en considerar que era un “representante de la Junta”.

El presidente de la asociación de trabajadores consideraba que el dinero era legal porque procedía de la Junta de Andalucía.La juez también le ha preguntado por un episodio que se produjo cuando Juan Lanzas subió a estos trabajadores a un autobús para que fuesen contratados en la empresa Técnicas Agrícolas, ya que habían acabado el desempleo y no podían acogerse al ERE. Según Manuel Granado, él creía que ese viaje era para realizar “un curso de formación”, aunque la juez sostiene que ese viaje tenía como finalidad darles de alta en la empresa.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se imponga a este imputado una fianza de responsabilidad civil de 17.000 euros más el tercio legal correspondiente, según han explicado fuentes del caso.La juez tiene que tomar hoy declaración a Florencia Romero Valdivia, la esposa de Manuel Granado y que percibió 158.000 euros. También está previsto que declare Mariano Martínez Fernández, un conocido de Juan Lanzas, antiguo trabajador de Hijos de Andrés Molina (Hamsa) que fue incluido en el ERE de Fuente Obejuna y cobró 120.000 euros.