Un informe de la Seguridad Social en julio advirtió de la trama

  • La Fiscalía Anticorrupción se basa en la investigación de Trabajo sobre la red de empresas que exterminó a la competencia

La empresa pública Elsur fue constituida el 6 de noviembre de 1995 ante el notario ejidense Joaquín López Hernández. El Ayuntamiento de la localidad, aportó entonces 60 millones de pesetas de capital social; el resto, 140 millones de pesetas según se recoge el informe de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de fecha 31 de julio y cuyas conclusiones han sido definitivas para desencadenar los últimos acontecimientos, fue aportado por la agrupación de interés económico Abensurasa AIE, constituida por Abengoa SA y Abengoa Servicios Urbanos SA.

Como órgano de administración se designó un consejo de Administración que estaba presidido por Juan Enciso Ruiz, alcalde de El Ejido, ahora detenido. Su objeto social era, siempre según su acta de constitución, la "prestación de servicios públicos" entre los que se encuentra la limpieza y conservación de vías públicas y caminos y distribución de agua al Ayuntamiento de la localidad almeriense.

En el informe de la Inspección los testimonios prestados para su elaboración, sostuvieron que Elsur tenía una concesión administrativa del Ayuntamiento para la gestión del agua, vías públicas, alumbrado, parques y jardines que data de 1995, año de inscripción de la empresa en el registro mercantil. Dicha actividad era prestada "con personal propio y con el de alrededor de 20 empresas subcontratistas". Según el fichero informático de la Tesorería General de la Seguridad Social, Elsur contaba con 229 trabajadores.

El acta de infracción dictada por la Inspección de Trabajo, se centraba en dos de las empresas subcontratadas por Elsur, en concreto Maviroad y Arborimar que fueron sancionadas por un proceso de presunta cesión ilegal de trabajadores.

El informe fue demoledor. En sus conclusiones, a las que tuvo acceso esta redacción, asegura que el entramado de empresas subcontratadas formado en el municipio de El Ejido "no desarrollan desde su creación más actividad que la contratada por Elsur". Una suerte de metástasis empresarial, como describen las conclusiones de la Seguridad Social, que no se explica la incesante contratación con las distintas empresas del grupo.

Lo que ha determinado la actuación de la Fiscalía Anticorrución fue la conclusión de que "Maviroad y Arborimar constituyen hasta ahora el último eslabón de un proceso de metástasis empresarial, en el que se promocionan unas empresas que pueden calificarse de usar y tirar, porque la promoción de estas últimas ha ido acompañado del cese de actividad conocida por parte de las anteriores, que dejaron de tener trabajadores, muchos de los cuales fueron traspasados a las nuevas". En este mismo sentido, "su único cliente Elsur ha facilitado los principales medios de producción a cambio de un precio sumamente ventajoso y excepcional en el marco de un mercado libre y altamente competitivo, sin contar con una estructura organizativa y de medios que les permitan operar como empresas reales en el mercado". Así contaban con "el capital mínimo de constitución, no realizaban inversiones y carecían del mínimo riesgo empresarial para alcanzar un beneficio desproporcionado de en torno al 80% sobre el canon pactado tras la renovación de los contratos".

El sindicato UGT presentó una demanda contra los gestores de la empresas subcontratadas de Elsur admitida a trámite por el Juzgado de lo Social número 2 de Almería, que entendió que había indicios de delitos.

Otra denuncia se remonta más atrás. La denuncia elevada ante la Fiscalía Anticorrupción de Almería por la formación Izquierda Unida y que tiene como fecha abril de 2007 recogía que la mujer del alcalde de El Ejido, Juan Enciso, figura como administradora única o representante legal de, al menos, dos sociedades vinculadas a este ayuntamiento del Poniente almeriense por la prestación de servicios públicos. Así consta en el documento, que la formación quiso hacer público ayer tan pronto como se conocieron las detenciones. En el documento de la denuncia, se reconoce que en una de las citadas sociedades mercantiles, en concreto Enciso y Aguilera SL, con sede en El Ejido, aparece como apoderado el propio regidor. Esta tendría como objeto social la promoción, construcción y el arrendamiento de propiedades inmobiliarias y fincas tanto rústicas como urbanas.

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