Ni sus propios responsables aciertan a justificar el acontecimiento. De un único salto, la Comunidad Valenciana, a la cola permanente en la aplicación de la ley de Dependencia, se sitúa en abril un poco más cerca de la media. El 1 de marzo contaba con 37.293 dependientes atendidos; el 1 de abril con 46.238. Una progresión sin símil en la trayectoria de esta normativa vigente desde 2007 y más aún en Valencia, la más rezagada sólo por detrás de Canarias, también gobernada por el PP. La tendencia en los últimos meses era de unas 200 incorporaciones e incluso descensos. De los nuevos dependientes valencianos, el 94% se incorporaron al sistema gracias a una paga, una opción ideada como excepcional, pero que todas las comunidades autónomas han abrazado como solución, algunas en menor grado que otras.

En Andalucía el 44,5% de las prestaciones de la ley son económicas, sobre unos 450 euros al mes. La crisis ha llevado a muchas familias a solicitar que sus dependientes reciban esta ayuda en preferencia a un servicio (plaza en una residencia, ayuda a domicilio, centros de día...), como ha expuesto el Defensor del Pueblo andaluz en su último informe.

En Valencia, según los datos del sistema integrado para la autonomía y atención y dependencia del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, la variación más importante se produjo en julio del año pasado, con el acceso de 4.589 nuevos beneficiarios.

Fuentes de la Consejería de Bienestar Social de la Generalidad de Valencia restaron importancia a este notable aumento y expusieron que en otras comunidades se ha venido resaltando como un logro la consecución del mayor número de dependientes incorporados en un mes, una suerte de competición entre comunidades. Sobre el acelerón de los datos en un mes, las mismas fuentes achacaron el incremento a cuestiones de procedimiento.

Sin embargo, voces de la Junta de Andalucía sí entienden que hay un marcado tiene electoral en una comunidad que nunca se habían preocupado, bien por falta de competencia o bien como boicot hacia una ley aprobada por el Gobierno central del PSOE.

¿Y qué más le da a la Junta? Hay otro factor, más impreciso que el criterio político, que pasa por la afección que este incremento puede ocasionar en el reparto de los fondos que otorga el Ministerio de Sanidad a las comunidades.

El año pasado, la Junta presionó y logró que se distribuyera el mayor volumen de dinero en función de los dependientes atendidos.

La pirueta de Valencia también ha sorprendido al presidente de la asociación de directores y gerentes de servicios sociales de España, el malagueño José Manuel Ramírez, que conoce la lucha de asociaciones en esta comunidad contra "políticos sin alma". "Un dependientes valenciano tiene menos posibilidades que cualquier otro, con un retraso en que le otorguen la prestación de dos años", denunció. Ramírez relacionó el incremento con el handicap electoral y señaló que Madrid, que en los primeros tiempos también se abandonó, ha ido incorporando dependientes de forma menos abrupta desde el mes de enero. En su último informe anual, el Defensor del Pueblo nacional valora el esfuerzo de Madrid, aunque expone que la tasa de atendidos por cada mil habitantes es de las más bajas (7,7) junto a Valencia (4,3) y Canarias (4,3).