Concluido el congreso del PP, donde Mariano Rajoy sucedió a Mariano Rajoy, España volvió a la normalidad de cada día. El PP se convertía el lunes en el primer partido político sentado en un banquillo en la historia de la democracia española; Ana Mato confesó que se puede llegar al Consejo de Ministros sin saber que una trama corrupta pagaba gastos en su propia casa; y la sombra de la corrupción bajó de la comunidad valenciana hasta Murcia, ahora con la imputación del presidente de la región por presuntos delitos de fraude y cohecho. Por la tarde, la Policía amplió las sospechas sobre quién costeó el famoso ático que tiene en Marbella el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. En cualquier otro país, esta sucesión de escándalos se cargan a un Gobierno. En España, al día siguiente, se conocía una nueva encuesta que vuelve a colocar al PP como el partido preferido por los españoles, con once puntos de ventaja sobre el segundo.

Rajoy ha logrado algo que está al alcance de muy pocos dirigentes políticos. Presidir el PP y, a la vez, no tener nada que ver con el PP acusado de lucrase con tramas corruptas ni con los dirigentes del PP que van de sus cargos públicos al banquillo y del banquillo a las puertas de la cárcel. "Son cosas que sucedieron hace diez años y más", dijo el otro día para escurrir el bulto, como si esos diez años no fuesen los mismos que lleva él al frente de ese partido. En España todas las explicaciones que se nos ofrecen a los ciudadanos para zafarse de la corrupción parten de la premisa de tomarnos por tontos. Y en ese empeño, tenemos que tragar a diario con ruedas de molino. La gente encuentra en el garaje de su casa un Jaguar; un millón de euros en un armario de Ikea; una nómina con un salario simulado y un despido en diferido: y hasta un policía se levanta una mañana, acude a su despacho, revuelve los cajones para buscar unos papeles y encuentra un pendrive de los Pujol que se le había olvidado entregar a un juez.

He leído en un libro una frase que viene al caso. Vivimos tiempos, decía el autor, en los que cada día resulta más difícil encontrar a una persona decente en una posición de prestigio. En España, en los últimos años, apenas nos ha quedado un puñado de instituciones al margen del pillaje y de las irregularidades en la gestión. La última en incorporarse al listado de sospechosas ha sido el Banco de España. El lunes, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional pedía la investigación y la imputación de los antiguos responsables de dos instituciones claves en un país: el dichoso Banco de España y la dichosa Comisión Nacional del Mercados de Valores. Los dos organismos que dieron luz verde, a pesar de las advertencias en contra de informes internos e inspectores, a la salida a Bolsa de Bankia, una operación que acabó con la intervención de la entidad y un coste de 22.000 millones de euros que pagamos a escote todos los españoles. Entre los investigados está el que fuera gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, un personaje nombrado por el Gobierno de Zapatero que se hizo célebre por pedir, un día sí y el otro también, que nos bajaran el sueldo a los trabajadores para recuperar la economía; mientras miraba para otro lado cuando en las cajas y en los bancos sus gestores se ponían indemnizaciones millonarias y nóminas de infarto. Incluida la suya.

Para tener un perfil completo de lo que ha ocurrido en España en la última década, habría que leer un reportaje que el diario El País publicó la semana pasada con la historia de tres ciudadanos valientes que destaparon las tramas de corrupción que operaban en varios ayuntamientos de Madrid y Valencia, o en el propio ejército español. Sus nombres: Ana Garrido, Azahara Peralta y Luis Gonzalo Segura. Los tres perdieron sus empleos, sus casas y los ahorros que tenían para poder afrontar los juicios a los que tuvieron que acudir; recibieron amenazas de muerte, y más de uno terminó en el psicólogo por la presión que tuvo que soportar. Como contaba muy bien el autor del reportaje, ese fue el precio que pagaron por denunciar la corrupción en España. Un país donde no existe una ley de protección que garantice el anonimato y el puesto de trabajo al denunciante. Y donde demasiados empleos en cualquier administración dependen del político de turno, y, por tanto, las fórmulas de presión para acallarte son innumerables. Los tres representan la viva imagen de la fingida lucha contra la corrupción en este país.

Concluido el congreso del PP donde Mariano Rajoy sucedió a Mariano Rajoy, España volvió a la normalidad. Finalizada la asamblea de Podemos donde Pablo Iglesias relevó a Pablo Iglesias, España siguió en la normalidad. Acabado el cónclave de Ciudadanos donde Albert Rivera sustituyó a Albert Rivera, España se mantuvo en la normalidad. Ahora queda por celebrar el congreso del PSOE, para que ya sea con Susana Díaz, con Pedro Sánchez o con Paxti López, España pueda seguir disfrutando de este insoportable espejismo de normalidad diaria.