Los nuevos 25 inspectores de urbanismo andaluces tomaron ayer posesión de su cargo tres años después de que la Junta comenzara a tramitar la creación de este cuerpo. El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, dio la bienvenida a su nueva función a estos inspectores que tienen encomendado -bajo la figura de agentes de la autoridad y con capacidad sancionadora- velar por la legalidad en la ordenación del territorio colaborando con la Fiscalía y los ayuntamientos.

Una de las primeras prioridades, como resaltó ayer el consejero, será la restauración de las normas urbanísticas en los llamados diseminados: las casas levantadas en parcelaciones sobre zonas consideradas no urbanizables. "Nos preocupa fundamentalmente las situaciones ilegales en el medio rural, zonas en las que los inspectores van a tener que hacer auténticas actuaciones de ingeniería para ver cómo se pueden controlar", resaltó ayer Espadas que mencionó las comarcas de la Axarquía y el Valle del Guadalhorce, ambas en Málaga, o el entorno de Medina Azahara, en Córdoba, como lugares donde hoy considera prioritario intervenir. También, subrayó que se prestará especial atención a las zonas con protección medioambiental o territorios donde su desarrollo urbanístico no tiene previsto la necesidad de infraestructuras.

El vigente Plan General de Inspección, que caduca este año, establece entre los principales objetivos de estos funcionarios la denuncia de las ilegalidades en las actuaciones que carecen de planeamiento y las de parcelación urbanística en terrenos no urbanizables, además de la vigilancia de que se cumple las reservas de suelo para viviendas protegidas fijadas por ley.

De momento, son 25 los inspectores en toda Andalucía, cifra que aumentará hasta 36 en los próximos meses y que, como reconoció el consejero, aún resulta insuficiente. "No se puede garantizar, con el número actual de inspectores, que se respecte hasta la última gota el ordenamiento urbanístico, por eso hace falta la colaboración ciudadana, además del compromiso y convencimiento de todas las administraciones de que esto es importante y necesario". Precisamente Espadas reclamó a sus inspectores que desarrollen una tarea didáctica para "generar el consenso social y hacer ver por qué se deben tomar determinadas medidas".

También es necesario culminar desde la Consejería en los próximos meses el corpus legal que termine de definir jurídica y técnicamente la labor de la inspección. Vivienda confía en remitir en los próximos meses al Consejo de Gobierno el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, hasta entonces, los inspectores deberán trabajar bajo la norma estatal que data de 1978.