Las defensas de los letrados del despacho Sánchez Zubizarreta-Soriano Zurita embistieron sin piedad la instrucción del caso Malaya realizada por el magistrado Miguel Ángel Torres. Las acusaciones afirman que Juan Antonio Roca encomendó a este bufete crear el armazón societario destinado a blanquear y dar salida a los fondos supuestamente obtenidos a través de sobornos y negocios turbios en Marbella. El abogado Horacio Oliva, que representa a varios letrados de este bufete, señaló que la investigación se convirtió "en un fin en sí misma" hasta el punto de justificar la sistemática "vulneración de derechos fundamentales. El entusiasmo investigador llevó a no respetar la ley".

Oliva dijo que se quebrantaron los derechos de defensa, a la libertad, intimidad e inviolabilidad del domicilio. En el primer caso precisó que se dejó a Roca sin abogados, al ser detenidos los letrados de este despacho, y se intervino documentación que afectaba a otros clientes no implicados en Malaya, lesionando el derecho al secreto profesional. Agregó que los arrestos se despacharon en autos judiciales genéricos, faltos de ponderación y motivación en los que se justificaba en apenas cinco líneas la necesidad de suspender el derecho a la libertad, sin tener en cuenta que simplemente podía haberlos citado a declarar. Seguidamente argumentó que las detenciones se prolongaron 120 horas, o sea mucho más allá de las 72 horas preceptivas, bajo el argumento de que el instructor debía tomar declaración a muchas personas.

Finalmente indicó que también se había violentado el derecho a la intimidad porque se pidieron a Hacienda todos los datos que tenía sobre la economía del despacho y las sociedades que gestionaba, cayendo así en una investigación prospectiva. El procesado y letrado Francisco Zurita, que defiende a su compañero Manuel Sánchez Zubizarreta, hizo un recorrido pormenorizado por el sufrimiento personal que padecieron en un asunto llevado a cabo por "una mente dirigida por una voluntad arbitraria investida de poder", en alusión al juez Torres. Zurita cuestionó que el instructor fuese el juez natural y predeterminado por la Ley para el caso Malaya, cuando ni siquiera "era el titular del juzgado", supuestamente se auto adjudicó el asunto sin respetar el turno de reparto que operaba en los juzgados de Marbella y actuar fuera de su jurisdicción.