Caso de los ere

La juez ordena investigar un "posible enriquecimiento patrimonial" del ex delegado de Vitalia en Sevilla

  • Bolaños rechaza conceder una pensión mensual de 1.251 euros a Jesús Bordallo.

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elabore un informe específico sobre el ex delegado de la consultora Vitalia en Sevilla Jesús María Bordallo, sobre su "posible enriquecimiento patrimonial" entre los años 200 y 2010, y que informe sobre su situación económica actual y las rentas de la unidad familiar.

La realización de este informe ha sido acordado en un auto en el que la magistrada desestima un recurso del propio imputado para que se le conceda una pensión mensual de 1.251,07 euros con cargo a la cantidad de 76.867,72 euros que el ex responsable de la consultora ingresó en la cuenta de depósitos del juzgado. El ex delegado de Vitalia también había pedido que se le entregaran otros 958 euros para abonar las deudas contraídas, así como que se levantaran los embargos sobre sus cuentas corrientes y productos bancarios. De forma subsidiaria, este imputado había solicitado que se fijara a su favor una pensión de alimentos por importe del Salario Mínimo Interprofesional más el gasto de la hipoteca.

La defensa de Bordallo alegó que las medidas cautelares se acordaron hace ya más de dos años, sin que en este tiempo se hayan practicado diligencias para clarificado la "valoración indiciaria” de su situación patrimonial y económica que se realizó en base a informes de la UCO que considera erróneos.

La juez recuerda en el auto que la Audiencia de Sevilla confirmó el mantenimiento de las medidas cautelares, aunque entiende que “ha de considerarse una nueva circunstancia invocada, el tiempo transcurrido desde que se establecieron” y el hecho de que no se prevea la resolución del caso de los ERE a corto plazo.

La instructora recuerda que en el curso de la investigación se ha puesto de manifiesto que Bordallo "actuaba sin capacidad de decisión bajo la dirección" del ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín, "aun cuando conocía de la existencia de intrusos, siendo relevante determinar si Bordallo participó en actividad alguna con ánimo de lucro que le reporte beneficio económico".

Por ello, la juez ha considerado necesario solicitar un informe específico de la situación económica de este imputado durante los años investigados, entre 2000 y 2010, “teniendo en consideración los errores invocados para, con su resultado, acordar sobre el mantenimiento de las medidas adoptadas, teniendo en consideración el tiempo transcurrido desde la adopción de las medidas, el tiempo que queda para dar por finalizado definitivamente este proceso, y e carácter provisional que cualquier medida cautelar tiene en esencia”.

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