Andalucía es la segunda comunidad autónoma con el mayor número de procesados por delitos de corrupción, sólo superada por Cataluña, según el ranking de la corrupción elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de septiembre de 2016, los juzgados y tribunales de la comunidad autónoma dictaron auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 153 personas -en 21 procedimientos distintos-, lo que supone el 11,10% del total nacional de procesados, que ascendió a 1.378. Cataluña, con 303 procesados y el 21,98% del total nacional, es la única región que superó a Andalucía en este triste ranking, según los datos extraídos del nuevo repositorio creado por el CGPJ que reúne los principales indicadores de la actividad judicial contra la corrupción.

El repositorio, que se actualizará trimestralmente, incluye información facilitada de los boletines estadísticos de los órganos judiciales, el Ministerio de Justicia, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña. Esta información es de acceso público y permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores -personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.-. La información puede consultarse en el portal de Transparencia del máximo órgano de gobierno de los jueces (www.poderjudicial.es).

El CGPJ recoge en estas estadísticas hasta nueve delitos que considera relacionados con la corrupción y que son los siguientes: los delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo y patrimonio histórico (artículos 320 y 322 del Código Penal); prevaricación de funcionarios públicos (404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos ( 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (428, 429 y 430), malversación (432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función (439, 441, 442 y 443); y finalmente los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales (286, 3 y 4).

Además de esta información, la web del CGPJ ofrece la del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia, sobre condenados por sentencia firme por delitos de corrupción, y la de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarios del Ministerio del Interior y la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre las personas -tanto penados como en situación de prisión preventiva- sometidas a régimen penitenciario por este tipo de delitos.

La información que se ofrece se centra en la denominada "corrupción pública", al entender que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía. Así, los procedimientos judiciales cuyos datos se recogen en la página del Consejo tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la "afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política".