La redacción del acuerdo del Consejo de Ministros era absolutamente equívoca, pero lo cierto es que el primer recorte que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó hace dos viernes dejó en suspenso lo que se había llamado el blindaje catalán: una partida de 950 millones de euros que la Administración central se reservó en los Presupuestos para invertir en Andalucía, Cataluña, Castilla-León y Baleares. El resumen de los acuerdos que se entregó después del primer Consejo de Ministros de Rajoy, donde se aprobó un recorte general para todos los ministerios, indicaba "la eliminación de la financiación prevista en los Estatutos de Autonomía de Andalucía, Castilla y León, Baleares y Cataluña". La redacción parecía indicar que el Gobierno suprimía su obligación de invertir en estas comunidades, de acuerdo con preceptos estatutarios. No era así. Por eso, La Moncloa lo borró de sus acuerdos, pero la partida para liquidar las inversiones, 950 millones de euros, ha quedado en el cajón de los recortes. Esto no significa que no se vaya a pagar, pero habrá que ver ahora cómo compensa el Gobierno a las comunidades donde no haya invertido lo que marca sus Estatutos. Queda como una obligación para años posteriores.

En el caso andaluz, la Disposición adicional Tercera del Estatuto obliga al Estado a invertir en Andalucía, durante siete años, un porcentaje equivalente al peso de su población en España: un 17,8%. 2011 fue el cuarto año, pero en el pasado Presupuesto se dejó una partida de 950 millones de euros por si a la hora de liquidar, lo realmente gastado no coincidía con lo apuntado en las cuentas generales. Esta partida es la que ha sido eliminada. Se llamó el blindaje catalán, porque Cataluña ya había contado en anteriores Presupuestos Generales del Estado con un artículo similar para igualar la liquidación con lo invertido.

Un asunto distinto es lo que ocurrió en los años 2008 y 2009. De estos ejercicios presupuestarios ya se conoce la liquidación, y la Intervención General del Estado informó a la Junta que esos dos años suman 1.504 millones de euros en inversiones para cumplir con el precepto presupuestario de invertir el 17,8% del total. La Junta y el Gobierno de Zapatero se reunieron, fijaron la cifra, pero no concretaron cómo se pagaría. Sí ocurrió con la Generalitat, aunque la liquidación no se llegó a pagar. La Generalitat ha anunciado que acudirá a los tribunales.

Los estatutos de Castilla-León, Baleares y Cataluña cuentan con disposiciones similares, aunque en el caso catalán no es una cantidad proporcional al peso de su población, sino a la de su PIB.

Sin embargo, aún resta un problema que habrá que ver cómo solucionan ambas administraciones. En el Estatuto de Andalucía se recoge la obligación del Gobierno central de invertir en la comunidad ese porcentaje del total, pero no se explicita que si falta dinero cuando se liquide el presupuesto, ese dinero vaya a la Junta. El Estatuto especifica que es la "inversión destinada a Andalucía".