Lorenzo del Río. Presidente del TSJA

"Las manifestaciones a favor o en contra de sentencias no benefician a la democracia"

  • "Siempre hay que ser más comprensivo con la reacción de la familia de Marta del Castillo, por el dolor que tienen, pero ha habido excesos de algunas personas, de algunos medios de comunicación"

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La independencia judicial no es un fin, sino el medio hacia un fin". Lo recordó el pasado jueves el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, en una conferencia que pronunció en la capital gaditana, en el Foro de Cádiz, organizado por Cajasol-Banca Cívica, el Casino de Cádiz y Diario de Cádiz. Allí pidió a los partidos políticos y a los medios de comunicación que no hagan "demagogia" y que sean críticos con las resoluciones judiciales pero con argumentos, con rigor; con el mismo rigor que le exigen a los jueces.

-Unos jueces representados por un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuyo sistema de elección necesita una reforma urgente, sostiene usted.

-Sí, hay que configurar una adecuada composición del órgano de gobierno del poder judicial, plural y representativa, que escape de las simples pautas partidistas. Es la única forma de no dañar la imagen de la institución y de la propia democracia. Se puede mantener la fórmula de que sean elegidos todos los miembros de CGPJ por el Parlamento pero sin que sea una reproducción fiel de las fuerzas políticas. El Tribunal Constitucional ya alertó del riesgo de que la partitocracia se trasladara a los órganos institucionales. Una segunda opción es que los jueces elijan doce de los veinte miembros; los otros ocho seguiría nombrándolos el Parlamento. Si se opta por esta fórmula, lo que sí hay que asegurar es que sea plural, representativa, con un poco de todas las sensibilidades de la carrera judicial. Las dos fórmulas son válidas. Que el CGPJ lo elijan los jueces, que creo que es el sentido primigenio de la Constitución, o que lo elija el Parlamento. Pero con unos condicionantes, lo que no se ha cumplido.

-¿Qué opina de las reformas planteadas por el ministro de Justicia?

-Hay muchas reformas necesarias: unificar los procedimientos, simplificar el procedimiento, incluso desjudicializar ciertas faltas o que no haya recursos de pequeña entidad. Y hay que estudiar asuntos legislativos como las escuchas y la instrucción. Creo que es necesario aprobar la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal en esta legislatura. Eso lo estamos pidiendo a gritos todos los jueces. En cuanto a desjudicializar ciertas materias y dárselas a otros colectivos, ahí hay que moverse con mucha prudencia. Estoy de acuerdo en que hay que ir a un poco más de mediación, a supuestos de arbitraje e incluso a que ciertos temas de jurisdicción voluntaria puedan ser llevados por otros colectivos. Pero sacar de la esfera judicial ciertos temas como el divorcio... Ahí hay que actuar con mucha cautela y estudiarlo bien. Porque estamos ya ante temas de derecho público y donde, además, incluso las propias partes pueden necesitar asesoramiento judicial previo o profesional de abogados.

-¿Es partidario de la reclusión perpetua?

-No. Tenemos algunas penas que son bastante elevadas. Soy partidario de que se individualice el cumplimiento, de que en principio las penas se cumplan tal como han sido puestas en la sentencia. Eso sería lo ideal. La pena se puede modular porque así lo establece la Constitución. Por eso precisamente no se puede poner una reclusión perpetua a secas y se habla de cadena perpetua revisable. Sería incompatible con la Constitución. Tendría que ser revisable porque el sujeto puede ir cambiando a lo largo de los años, puede ir modificando su conducta, ser una persona mejor. Y entonces la sociedad está obligada a abrirle unos pequeños caminos de resocialización.

-Con el caso Camps ha vuelto la polémica sobre el jurado. ¿Cree que es hora de cambiar la ley?

-Hay que retocar el procedimiento. Es necesario retirar de la competencia del jurado algunos delitos e incluir otros que necesitan de una valoración social. Optar por mantener el jurado o no, que lo decida el legislador. El jurado está funcionando satisfactoriamente.

-¿Qué delitos retiraría de la competencia del jurado y cuáles agregaría?

-Retiraría el delito de omisión del deber de socorro. No es un delito grave, no tiene trascendencia, y da lugar a un proceso con jurado, que tiene una complejidad y un coste económico innecesario. En cambio hay otros delitos, contra el honor, por ejemplo, en los que simplemente hay que valorar criterios y que no necesitan un estudio jurídico en profundidad. Es más fácil de enjuiciar para un jurado.

-¿Qué opina de las reacciones ante el caso Marta del Castillo?

-Ha habido algún exceso de algunas personas, de algunos medios de comunicación. Siempre hay que ser más comprensivo con las manifestaciones de la familia de la víctima, por el propio dolor que tienen por haber perdido a una hija, por no haber obtenido la justicia que creen y por no haber encontrado el cuerpo de su hija. Pero con respecto al resto de instituciones y a los medios de comunicación, hay que tener mucho cuidado. Porque los jueces, al fin y al cabo, lo que tienen que hacer es aplicar la ley: llegar a la justicia si es posible y a fondo. Pero en algunos casos no sucede esto y no debemos rajarnos las vestiduras. A los jueces hay que criticarlos cuando aplican mal la ley, pero jurídicamente, con un cierto rigor.

-¿Qué le parecen las manifestaciones en la calle contra la sentencia?

-Es una novedad que introduce un matiz peligroso. Las sentencias siempre gustarán a unas personas y a otras no. Y no vamos a estar con manifestaciones cada vez que nos pongan una sentencia a favor o en contra. Las sentencias hay que criticarlas, y recurrirlas, pero con argumentación. Se puede estar en desacuerdo. La transparencia y la publicidad son básicas y, por tanto, la crítica constructiva de las resoluciones judiciales me parece estupenda. Pero las manifestaciones públicas a favor o en contra... creo que eso no beneficia nada al sistema democrático.

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