El juez abre ocho nuevas causas para investigar ayudas a empresas públicas de la Junta

  • Advierte que hay que investigar si se ha "seguido la tramitación administrativa procedente sometida a fiscalización previa" con las transferencias de financiación utilizadas.

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El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha abierto hasta ocho nuevas causas concedidas desde el año 2003 a ocho empresas públicas, entre las que figuran la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, la Empresa Pública de Deporte Andaluz (Epdasa), la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Egmasa), la empresa Gestión de Infraestructuras de Andalucía (Giasa), la RTVA y la empresa para la gestión del Turismo y el Deporte en Andalucía (Turasa).

En una providencia, el juez ordena abrir diligencias previas con la finalidad de "esclarecer la posible existencia respecto de ellas de transferencias de financiación por consejerías de la Junta a tales empresas en orden a esclarecer si se ha seguido la tramitación administrativa procedente sometida a fiscalización previa".

El Ministerio Público consideraba que estas empresas y agencias públicas han utilizado el mecanismo de las transferencias de financiación para el abono de "subvenciones excepcionales y encargos de ejecución que no han sido objeto de fiscalización previa" a pesar de que era exigible en ambos casos, por lo que considera que deben investigarse los hechos en un procedimiento distinto al de Invercaria e incluso al de los ERE fraudulentos que instruye la juez Mercedes Alaya. La Fiscalía considera que es necesario investigar si la utilización de este procedimiento puede ser constitutiva de delitos de prevaricación y/o malversación de caudales públicos, si "existe menoscabo" de los fondos públicos".

En un escrito remitido el pasado martes al juzgado, la Fiscalía señala que entre la "abundante documentación" relativa a las operaciones de inversión realizadas por la sociedad pública de capital riesgo Invercaria consta un anexo -titulado Memoria de control financiero permanente referida a los trabajos realizados en el ejercicio 2006-, en el que se recoge que la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y las otras ocho entidades o empresas públicas mencionadas "presentan defectos en la contabilización de las transferencias de financiación que afectan a resultados o en la clasificación de activo y pasivo".

La Fiscalía enlaza esta consideración con el contenido de otros informes remitidos a las consejerías de la Junta donde se detalla que "del examen del tratamiento contable dado por las empresas públicas a las transferencias de financiación recibidas se han puesto de manifiesto irregularidades en la tramitación de los expedientes administrativos utilizados por algunas consejerías para el envío de fondos a aquéllas. De tal modo que, de forma indebida, el expediente administrativo de transferencia de financiación ha sido tramitado para financiar operaciones de encargos de ejecución, subvenciones excepcionales u otros que habrían requerido una tramitación administrativa propia y sometida a fiscalización previa".

El Ministerio Público señala que de estos informes se desprende la utilización de las transferencias de financiación para el "abono final por parte de las empresas y agencias públicas reseñadas de subvenciones excepcionales y encargos de ejecución que no han sido objeto de fiscalización previa, siendo ésta exigible en ambos casos".

La utilización de este procedimiento por parte de la agencia IDEA, recuerdan los fiscales Fernando Soto y Manuel Fernández Guerra, es parte del objeto de la investigación de otro juzgado, el de la juez Mercedes Alaya, por lo que la Fiscalía pide que se remita testimonio a ese juzgado, y que el juez de Instrucción número 16 incoe por cada una de las empresas y agencias citadas, salvo IDEA, nuevas "diligencias previas" distintas a la causa de Invercaria y además se requiera a la Intervención General de la Junta de Andalucía para que remita los informes definitivos, con los anexos elaborados, de cada una de las empresas "de los ejercicios 2003 hasta el último elaborado".

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