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Una juez ordena el embargo de la sede provincial del PP en Cádiz

  • Una deuda por el alquiler del local del partido en Barbate, causa del decreto

La juez Rocío Gutiérrez, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz), ha ordenado el embargo de la sede provincial del Partido Popular en la capital como pago por la deuda contraída por el PP de Barbate, que no abonó el alquiler del local arrendado a la empresa Procogades. Esta formación política dejó de abonar las cantidades de las rentas correspondientes al período comprendido entre diciembre de 2002 y mediados del año 2007, fecha en el que el PP salió del Ayuntamiento barbateño tras las elecciones municipales.

La empresa Procogades reclamaba 31.652,52 euros, a los que habría que sumar otros 7.000 en concepto de intereses y costas, lo que eleva la cifra a 38.652,52 euros, según explicó su abogado, Luis García.

Desde el PP, su presidente provincial, José Loaiza, aseguró que el alquiler de ese local no estaba autorizado por la dirección nacional ni estaba firmado por el gerente provincial, algo que es norma común en estos casos.

Loaiza afirmó que el partido ha tenido conocimiento del auto por los medios de comunicación y añadió que una vez que lo reciban lo estudiarán y emprenderán las acciones judiciales que sean necesarias. Una de ellas sería pagar y después reclamar a la persona que fimó el contrato de arrendamiento, al parecer a nombre Manuel Zabal, que fue presidente local en Barbate, según Loaiza. El dirigente del PP de Cádiz añadió que el partido no se entiende por qué se actúa contra la sede provincial.

El embargo se produce, según el abogado de Procogades porque el PP "no han cumplido" con la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial y con el requerimiento que se les formuló para que pagara. A la vista de todo ello se ha reclamado el embargo de la sede provincial del PP, cosa que se ha hecho efectiva en un auto dictado el pasado 24 de junio. García apuntó que "si no abonan esta cantidad, el juzgado sólo tendría que ejecutar el embargo correspondiente pues éste ya está decretado". Ahora lo que queda es que el juzgado haga el mandato para que se anote en el Registro el embargo de la finca.

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