-Con su libro quiso denunciar el "cada vez más alto nivel de corrupción" en los ayuntamientos. Cinco años después, ¿se sigue mirando para otro lado, haciendo oídos sordos? ¿Es un mal endémico? ¿Hay margen para el optimismo y pensar que se acabará algún día con este fenómeno?

-Los partidos rehúyen el debate sobre corrupción porque no quieren reconocer que la partitocracia, tal y como se desenvuelve actualmente (nula democracia interna, elaboración arbitraria de listas electorales, profesionalización de la actividad política, etc.), engendra muchas de las causas del alto nivel de corrupción existente en la municipalidad española. La corrupción podría paliarse, en este sentido, con listas abiertas y limitación de mandatos. No se acabará con el fenómeno corrupto hasta tanto los partidos no reconozcan sus consecuencias perversas y actúen contundentemente contra ella.

-¿Ese comportamiento convierte en cómplices a los partidos de las actitudes fraudulentas de algunos de sus miembros?

-Por supuesto. No es tolerable que los partidos, en vez de expulsar de sus filas, sin contemplaciones, al político corrupto, justifiquen su comportamiento y, en algunos casos, hasta lo apoyen. Por eso, las formaciones políticas no tienen autoridad moral hoy para adoptar medidas contra la corrupción.

-¿Es permisiva la sociedad con la corrupción? Se asiste con frecuencia a la escena de alcaldes o concejales aplaudidos o vitoreados en los pueblos en el momento de su detención.

-Evidentemente. La clase política no surge de la nada, por generación espontánea, sino que es el reflejo de una sociedad donde se desarrolla y actúa. De todas formas, la permisividad del ciudadano en esta materia es consecuencia de su escasa formación democrática. El día que el contribuyente español comprenda que la corrupción la paga él de su bolsillo, expulsará de las instituciones a los políticos corruptos.

-¿Es blando el sistema jurídico español frente a este delito?

-Sin duda, se deben agravar las penas previstas para los delitos que tienen que ver con la corrupción pública. No es de recibo que un alcalde condenado por prevaricación pueda ser parlamentario nacional o autonómico, o dirigir una empresa pública; o que el concejal de urbanismo que haya promovido una recalificación perjudicial para el municipio sea simplemente inhabilitado y condenado al pago de una multa.

-¿Hay falta de voluntad política para poner fin a estas prácticas? ¿Por qué no se ha alcanzado un gran pacto contra la corrupción?

-Porque la corrupción nutre, en bastantes casos, las arcas de los partidos. El pacto contra la corrupción significaría, en primer lugar, reconocer la gravedad del fenómeno, y a continuación adoptar medidas serias en materia electoral, de financiación de partidos, de modificación de las legislaciones penal y de régimen local, de racionalización de la gestión urbanística y contratación pública, que los partidos no están dispuestos a promover.

-Insiste mucho en la democratización interna real, verdadera, de los partidos, porque su carencia genera corrupción en la vida pública. ¿Están los partidos dispuestos a eso?

-En ningún caso. Pues entonces los aparatos perderían influencia y control sobre el cargo público que designan. Hay que modificar la Ley de Partidos Políticos, en el sentido de garantizar el acceso de los militantes más capacitados a los cargos de responsabilidad interna y, en segunda instancia, a las tareas institucionales, consagrándose en el seno del partido el proceso de primarias para la confección de las listas electorales y haciéndose posible la transparencia financiera de los mismos.

-¿Qué habría que hacer con su financiación?

-Frente al deficiente régimen actual, censurado todos los años, de forma impenitente y vana por el Tribunal de Cuentas, se impone una reforma legal que reduzca los recursos económicos procedentes de la financiación pública (los partidos se financian hoy, en un 90% con cargo a los presupuestos públicos), haga más transparente la financiación privada, extreme las obligaciones contables de los partidos y refuerce la fiscalización y control de sus cuentas.

-¿Cómo influye el transfuguismo en la expansión de la corrupción?

-El tránsfuga manda en el ayuntamiento, porque él decide quién gobierna. Suele ser una persona de escasa solvencia moral y técnica y su actuación obedece siempre a su interés particular o al de sus afines, en perjuicio del interés general del municipio.

-¿Por qué cree que favorecería una limitación del cargo de concejal a dos mandatos?

-Porque se ha demostrado estadísticamente que la perpetuidad en el cargo favorece la tentación totalitaria y, por ende, la utilización del mismo en beneficio propio. Y porque la actividad política no ha de profesionalizarse. La sucesión en el poder y la regeneración política es algo esencial al sistema democrático.

-Usted defiende también la incompatibilidad del cargo de edil con otro en otras instituciones.

-En efecto. En el caso de que se perciba una retribución en concepto de dedicación exclusiva al cargo. Por propia definición, ese concejal no tiene tiempo para gestionar otro tipo de actividades públicas. Además, en casos bastante frecuentes se produce una incompatibilidad entre funciones, dada la diferente naturaleza y fines de unas instituciones y otras.

-"El debate político en todos los campos ha bajado hasta límites grotescos, casi indecentes". Denuncia una absoluta falta de cultura democrática.

-La profesionalización de la política y el control absoluto de los partidos sobre las listas electorales, ha supuesto en la práctica la exclusión de la misma (se han ido o las han echado) de las personas más capacitadas y preparadas, con criterio propio, que disponen de otros medios de vida. En este punto, han aterrizado en los partidos y, a continuación, en las instituciones (sobre todo en los ayuntamientos y diputaciones), bastantes políticos mediocres y sumisos, fácilmente manipulables que no tienen otro medio de vida, cuyo único objetivo, en muchos casos, y por si acaso la eventualidad dura poco, es hacerse ricos lo más pronto posible. Obviamente, su discurso político es interesado y no aporta nada.

-Usted ha tenido cargos públicos. ¿Se ha sentido decepcionado?

-Hace ya más de una década. Siempre fui un abogado dedicado a la política y no al revés. Mi irrupción en la política fue circunstancial y duró poco, aunque fue muy intensa. En todo caso, la política estaba menos degradada, aunque ya entonces tenía más futuro el político que medraba que el que trabajaba. Dejó en mí un sabor agridulce. De un lado, aprendí bastante y estoy muy agradecido y orgulloso de la labor que desarrollé; de otra parte, me decepcionaron algunos políticos, más interesados por su proyección personal en el partido que por el interés común.

-¿Qué relevancia pueden tener, cuando se habla de corrupción municipal, esas formaciones minoritarias, casi grupúsculos, que llegan al gobierno local venciendo a los grandes partidos?

-Se trata de partidos creados ex profeso, al margen de toda ideología, con el único fin de influir en el gobierno (sobre todo municipal), de cara a obtener prebendas y beneficios particulares, que han proliferado en los últimos años y han supuesto una desgracia para el municipalismo. Pero yo abogo por los movimientos que representan sectores significados de la sociedad civil, en función de inquietudes puramente cívicas y altruistas, que se están organizando últimamente, a través de internet, para enfrentarse al poder establecido, representado por los grandes partidos, que han colonizado a la sociedad de forma absoluta y peligrosa. Esta última opción se acabará imponiendo, tarde o temprano, porque los propios partidos están abusando del sistema, de forma irresponsable.

-¿Por qué, como se lee en su libro, "la falta de ética es la primera causa de todas las perversidades que se producen en el desempeño de un cargo público"?

-La ética pública, entendida como dedicación a la actividad pública por vocación de servicio o por meritorias razones ideológicas, ha desaparecido de la política que se hace hoy, dada su naturaleza subjetiva. La falta de ética pública en el gobernante es, a mi modo de ver, la principal causa de la corrupción que nos asuela.

-¿Necesitan los políticos un código ético? ¿No debería darse por hecho?

-Es imprescindible para diferenciar claramente entre la responsabilidad política y la penal; más que para establecer conductas reprochables, que se dan por sabidas, para fijar sanciones complementarias a las mismas, de índole no penal, inclusive el cese en el cargo.

-Entonces, ¿hay que considerar un fracaso el Código del Buen Gobierno aprobado por el Consejo de Ministros en 2005?

-Su aprobación fue loable, dada su voluntariedad y su fin ejemplarizante. No se puede considerar un fracaso, ya que sólo afecta a la actuación de ministros y altos cargos del mismo, y lo cierto es que, con independencia de la eficacia en la gestión, que puede ser discutida, no se han conocido en los últimos años casos de corrupción o malas prácticas en este ámbito, a excepción quizás de la del ministro Bermejo, que se vió obligado a dimitir.

-Y además de los políticos están los funcionarios, que en algunos casos actúan impunemente por el descontrol de los primeros sobre la actividad de los segundos [caso de los funcionarios del Ayuntamiento de San Fernando, de cuya Caja de la Hacienda Local desaparecen a lo largo de varios años más de 7 millones de euros].

-Este caso no se hubiera dado si los políticos municipales correspondientes tuvieran la preparación adecuada. De todas formas, también existe corrupción en la función pública. Hasta el punto de que muchas irregularidades que hemos conocido en ayuntamientos no se hubieran producido si los funcionarios responsables del control interno, tanto de legalidad, como económico-financiero, hubieran cumplido con su deber, advirtiendo en su día o, incluso, denunciado, a los gobernantes, una vez enterados del perverso propósito de éstos.