Los agentes de la Policía Local de Sevilla implicados en la presunta trama de cobro irregular de tasas no sólo se dedicaban a realizar transportes especiales fuera de su jornada laboral y percibir unos ingresos extra por ello. También hubo policías que cobraban, o al menos pedían dinero, por quitar multas. Así consta en el sumario que instruye la juez de Instrucción 8 de Sevilla, Carolina Herencia Malpartida, que ha citado a declarar en febrero como imputados a nueve agentes de la unidad de Tráfico-Motoristas y a dos trabajadores de la empresa Grúas Lozano.

Uno de los agentes imputados llegó a exigir 1.000 euros a un motorista al que un coche camuflado de la Policía había denunciado por saltarse dos semáforos y conducir una motocicleta sin seguro. Para ello utilizó a un amigo suyo ajeno al cuerpo que actuaba como intermediario. Esta persona contactaba con el denunciado para pedirle una cantidad de dinero a cambio de destruir la denuncia. La cantidad exigida oscilaba en función del importe de la multa.

En este caso concreto, el infractor había sido multado con 1.600 euros más la retirada de ocho puntos del carné. Después de que le pidiera 1.000 euros, el denunciado aseguró al intermediario que no disponía de tanto dinero y que como mucho podría pagar 200 ó 300. El intermediario trasladó este asunto al policía y éste le respondió que le pidiera 600, cantidad que se repartirían entre los dos al 50%.

La conversación entre el policía y el intermediario figura en el sumario, ya que las escuchas telefónicas a este agente fueron las que propiciaron el inicio de las investigaciones. Este policía fue arrestado en septiembre de 2009 por su presunta colaboración con una red de narcotraficantes en la llamada operación Pájaro, a raíz de la cual la juez abrió una pieza separada para investigar las presuntas irregularidades en la Policía Local de Sevilla. Para ello incluso se creó un grupo especial de asuntos internos en este cuerpo.

Según consta en un atestado elaborado por este grupo especial (Gepol), el intermediario le comenta al policía que "tiene un posible d'esto [sic] puesto que a un chaval de su barrio le han denunciado por ir sin seguro al saltarse dos semáforos", a lo que el agente le responde que "la operación ha de hacerse lo antes posible" dado que las denuncias de tráfico permanecen en las dependencias de la Policía un máximo de dos o tres días.

La investigación ha revelado que la desaparición de los boletines de denuncias era una práctica habitual y que algunos agentes se dedicaban a eliminar multas incluso sin el consentimiento de los compañeros que las habían redactado. En el sumario aparece el caso de un policía que denunció a un conocido artista vinculado a un club de fútbol por no atender sus indicaciones en la calle Alfonso XII. Cuando llegó de vuelta a la Jefatura, un compañero se le acercó y le dijo: "No eres torpe, has denunciado a uno de los tuyos", en referencia a que compartían afición futbolística. Al extrañarse el policía, su compañero le indicó quién era la persona a la que había denunciado. Al día siguiente, un superior le enseñó el boletín roto en pedazos y recién rescatado de la papelera, diciéndole: "¿A que no sabes dónde está tu denuncia?".

El policía, lejos de dar la multa por perdida, volvió a confeccionar un nuevo boletín y envió un escrito al Negociado de Multas para sustituir la multa por el "extravío" de la anterior. Igualmente, también aparece el caso de una mujer cuyo vehículo fue retirado por la grúa y sólo abonó la mitad de la tasa para sacar el coche del depósito, sin ninguna explicación aparente.

Tras la operación Pájaro, la Jefatura decidió cambiar el sistema de control de las multas asignando a un sargento la tarea de asegurar la cadena de custodia de los boletines. Sin embargo, este nuevo sistema duró apenas unas semanas porque este responsable policial aseguraba que "metían mano" en el cajón en el que guardaba las denuncias.

A raíz de la investigación por la retirada ilegal de multas se desveló la existencia de una trama organizada dedicada al cobro irregular de las tasas municipales por transportes especiales, es decir, el impuesto que una empresa debía pagar al Ayuntamiento cuando se requería la presencia policial para cortar una calle o escoltar un camión de gran tamaño. Los policías imputados se quedaban presuntamente con el dinero de este impuesto, que cobraba personalmente uno de los agentes, fallecido en 2010, y organizaban los servicios de escolta fuera de su jornada laboral.

Según el sumario, todo se gestaba en una oficina de la unidad de Motoristas desde un teléfono que estaba encriptado y al que sólo tenían acceso dos agentes y en ocasiones un tercero. Desde este despacho se organizaban los servicios irregulares de escolta de mercancías y de grúas de gran tonelaje, previo pago de un canon. Los cabecillas de la trama llamaban al teléfono particular de sus subordinados para darle las indicaciones para realizar estos trabajos ilegales o bien les dejaban una nota por escrito en un post-it.

En ambos casos les insistían que no se preocuparan de pedirle la documentación al conductor del camión en cuestión "porque el canon ya estaba pagado". Los agentes imputados realizaban estos servicios de paisano y sólo se colocaban el peto amarillo reflectante de la Policía Local para organizar el tráfico en la zona afectada por el paso de mercancías de gran tonelaje. Si llegaba algún policía de servicio, los implicados le comunicaban que no se preocupara, que ya se encargaban ellos.