El presidente del Consejo Consultivo pide más dureza contra los delitos urbanísticos

  • Cano Bueso dice que hay que obligar a las administraciones a no eludir los dictámenes

El presidente del Consejo Consultivo, Juan Cano Bueso, defendió ayer un mayor endurecimiento de las penas por delitos urbanísticos. "Creo que sería conveniente agravar las penas en el Código Penal relativas a los delitos de prevaricación y a los delitos urbanísticos", subrayó Cano Bueso, que ayer presentó en Granada la memoria de actividades de 2008 del órgano que preside.

"De alguna forma, habría que obligar a que las administraciones públicas no pudieran eludir, al menos dolosamente, el dictamen del Consejo Consultivo como elemento preceptivo previo a las decisiones en materia urbanística", propuso Cano Bueso. Y es que cuando se apartan de la legalidad, los gobernantes se acercan al reproche penal, y el Código Penal "no es una alternativa deseable en democracia", sino que lo deseable es que se gobierne "con transparencia y honradez".

Cano Bueso afirmó que el Consejo Consultivo se ha erigido siempre en un "valladar infranqueable" para los comportamientos corruptos, cuya materialización sólo ha podido acometerse eludiendo dolosamente la intervención de este órgano. Su presidente se refirió así a aquellos expedientes "maliciosamente confusos y engañosos" que pretenden "ocultar operaciones, beneficios y plusvalías" que no responden al interés general ni son conformes al ordenamiento jurídico vigente.

Cano Bueso, que apostó por el impulso de leyes "claras, comprensibles, útiles, efectivas y eficaces", aclaró no obstante que el Consejo Consultivo no es un órgano impeditivo ni obstructivo sino todo lo contrario. "Es una red de seguridad para el proceso de toma de decisiones políticas y administrativas", dijo.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo autonómico, José Antonio Griñán, que presidió el acto, destacó en su discurso la "independencia y rigor" de los dictámenes del consejo, cuyos "niveles de calidad" le han llevado a liderar en muchos aspectos "el panorama jurídico doctrinal de la función consultiva en España". De hecho, según Griñán, se ha convertido en un "instrumento de referencia" para el Gobierno andaluz, puesto que el 67% de las consultas solicitadas en 2008 han correspondido a la Administración autonómica.

En 2008, de los más de 500 dictámenes emitidos, Salud, Gobernación, Justicia, Vivienda, Igualdad y Educación son las consejerías que más consultas han planteado, destacando por su "repercusión social" la regulación del Comité de Investigación de Reprogramación Celular, los servicios de atención a la salud mental, la prestación farmacéutica gratuita a los menores de un año, las enseñanzas de Educación Infantil o el Consejo Andaluz de Consumo. Para Griñán, la labor del consejo es "fundamental" para afrontar los "desafíos" de la crisis económica, que comenzó siendo financiera y que ha desembocado en una gran crisis social.

En ese sentido, el presidente andaluz incidió en que "cualquier poder público" debe asumir el compromiso de devolver la estabilidad a la economía, la seguridad a las familias y frenar la destrucción de empleo, y reconoció además que la crisis ha sido "imprevisible" para "todos".

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