Los reclusos de todos los centros penitenciarios de Andalucía podrán contar "pronto" con un servicio de orientación jurídica que se reanudará gracias al convenio firmado ayer entre la Junta y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, en el que participa también el Ministerio del Interior. El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, y el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Pascual Pozo, rubricaron el acuerdo, que será remitido para su autorización al Ministerio de Interior, cuyo titular, Jorge Fernández Díaz, no estuvo presente por "problemas de agenda".

De Llera explicó que, tras la interrupción de su renovación anual hace tres años, es "necesaria" la participación del Ministerio para poder reanudar este servicio -que financia la Junta con casi 150.000 euros y que prestarán los abogados andaluces- puesto que Instituciones Penitenciarias depende de este departamento.

"Es imprescindible la colaboración del personal de Instituciones Penitenciarias para prestar el servicio con garantías de seguridad, legalidad y transparencia", dijo De Llera, que explicó que dicho personal informará sobre cuántos abogados acuden a los centros y durante qué tiempo, además de facilitar a estos los expedientes de los internos "para su mejor información y defensa". El consejero aclaró que no se trata de un servicio de justicia gratuita "que está garantizada en sus propios términos", sino de un "complemento" para reforzar el asesoramiento a los reclusos en casos como tener que solicitar un beneficio penitenciario, presentar una instancia para pedir un cambio de régimen o casos particulares como enfrentarse a una demanda de separación.

"No se trata de asumir la defensa de la libertad ni de los intereses personales del preso por su condición de parte de un proceso penal, sino por su condición de persona que está privada de libertad en un centro penitenciario", matizó de Llera.