Más de mil 'puntos negros' por riesgo de inundación en 400 municipios

  • El mapa de la Junta que alerta de las zonas inundables no satisface al Defensor del Pueblo, que culpa a las administraciones de permisividad en la ordenación del territorio

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La Agencia Andaluza del Agua, entidad dependiente de la Consejería andaluza de Medio Ambiente, detectó en octubre de 2007 un total de 1.099 puntos de riesgo por inundaciones en tramos urbanos que afectan a unos 400 municipios, de los que 115 son de alta peligrosidad al estar en juego vidas humanas (ver gráfico).

Este mapa es uno de los instrumentos del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones de 2002 y delimita las zonas inundables en los puntos más conflictivos y con mayor actividad urbanizadora. Tanto el Acuerdo Andaluz por el Agua del año pasado como el borrador de la futura Ley de Aguas urgen a la actualización tanto del plan como del mapa. Para ello, se ha incorporado el uso de las nuevas tecnologías (Red Lidar) para identificar zonas inundables, no sólo de conjuntos de municipios, sino subcuencas enteras empezando por las de Guadiaro, Guadalete y Barbate. El horizonte de finalización de los trabajos estimado es 2015.

Pero con el diagnóstico inicial ya realizado, hay instituciones, como la del Defensor del Pueblo andaluz, que consideran que esos estudios deberían haber servido para algo más en materia de prevención. "Estos trabajos de científicos no se han incorporado al planeamiento de los municipios, donde se ha permitido la edificación de viviendas ilegales con la pasividad de las autoridades. Ahora vienen avenidas de agua e incluso pueden hacer de pantalla y perjudicar a las que están legalmente construidas", comentó ayer un portavoz de la institución a esta redacción. De hecho, no hay pronunciamiento sobre las posibles indemnizaciones a los propietarios de viviendas que en su día se construyeron sin control sobre llanuras, arroyos, zonas próximas a montes y donde ahora circulan con natural lógica las correntías de aguas. "No adelantamos acontecimientos", dijo el miércoles el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, preguntado al respecto.

En un repaso del trabajo del Defensor del Pueblo en los últimos 15 años, sobresalen decenas de quejas por inundaciones o avenidas de agua que provocaron actuaciones urbanísticas o diversas infraestructuras, con las consiguientes pérdidas materiales e, incluso, desgracias personales.

Se investigaron las inundaciones a finales de 1996 en Andújar, ahora de nuevo en alerta, por el continuo desbordamiento del Guadalquivir, que incluso registró la pérdida de una vida humana. El Gobierno, al que llegó el PP, y la Junta se cruzaron "graves" acusaciones sobre a quién correspondía la responsabilidad, recoge aquel informe anual. En 1998 se publicó la formulación del Plan de Prevención, que no llegó a aprobarse hasta 2002 y cada año el Defensor preguntó.

La institución investigó el desarrollo urbanístico de Rincón de la Victoria tras la catástrofe de marzo de 2004. Y tras las graves inundaciones de Almuñécar a finales de 2007, el Defensor del Pueblo hizo un análisis exhaustivo, que sirve de recopilatorio de esos 15 años, de la ocupación de las zonas inundables por parte de las actuaciones urbanísticas, una de las causantes de las inundaciones.

Asimismo, José Chamizo no dudó en responsabilizar a la Junta de las omisiones en la tutela del territorio tras 25 años de gobierno, entonces .

En una resolución que este periódico publicó en octubre de 2008, el Defensor achacó a la inacción de la Junta el aumento de zonas inundables y consideró que la situación creada es fruto de las omisiones en la tutela del territorio "de aquellas administraciones que poseen, desde hace mucho tiempo, competencias muy claras".

La Agencia Andaluza del Agua, dirigida ahora por Juan Paniagua, llegó a responder que el riesgo de inundaciones no se agravaría por la disminución del crecimiento urbanístico debido a la crisis, lo que se aprovecharía para "planificar y acometer medidas concretas y paliativas de disminución del riesgo".

El Defensor del Pueblo andaluz difirió de que la construcción en zonas inundables tenga que ver con la coyuntura económica y culpó a las administraciones públicas. En especial, llamó la atención sobre la Junta de Andalucía, "que posee competencia exclusiva desde la aprobación de su Estatuto en 1981 de la política territorial y el urbanismo". "Con la normativa en vigor desde hace años, gran parte del desarrollo urbano de Almuñécar y de otros de la comunidad no debió aprobarse", expone el Defensor.

Chamizo reclamó además que se actualice el mapa de riesgos al advertir las experiencias recientes que "no están valorados en su totalidad o debidamente" los escasos 1.099 puntos negros. También el plan de prevención: "No nos cabe ninguna duda de que cuando se formuló este plan, se pudieron hacer unos análisis rigurosos de riesgos y elaborar propuestas de medidas para evitarlos", asegura Chamizo.

La Agencia Andaluza del Agua se excusó a requerimiento de esta redacción de informar sobre las actualización del mapa de riesgo de inundaciones y sobre las inversiones ejecutadas desde la advertencia del Defensor. Expusieron que los técnicos se encuentran trabajando en las emergencias. "Se nos está inundando Andalucía", comentó un portavoz de la Agencia.

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