El ex secretario general de Hacienda de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta Antonio Estepa Giménez ha reconocido este miércoles ante la juez Mercedes Alaya que la fiscalización previa de las ayudas de los ERE habría evitado el déficit de 131 millones en las transferencias de financiación y aunque ha defendido la legalidad del sistema, ha admitido que este mecanismo se usó “de forma inadecuada” como advirtió en su día la Cámara de Cuentas. Al inicio de su declaración como imputado, la instructora le ha imputado sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, los mismos que atribuyó en su día a su superiora jerárquica, la ex consejera Magdalena Álvarez.

En su declaración, Antonio Estepa, que es inspector de la Agencia Tributaria, ha admitido que si hubiera habido una fiscalización previa de las ayudas se habría evitado el déficit de las transferencias, que la juez le ha recordado que era de 131 millones en los años 2003 y 2004. En su opinión no se habría producido porque “con la ley de subvenciones y las pautas legalmente establecidas, se hubiese evitado dicho déficit presupuestario”, que no obstante Antonio Estepa ha dicho que desconocía porque ya había cesado en el cargo cuando se presentaron en el ejercicio siguiente.

La juez le preguntó expresamente qué opinaba de las conclusiones del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas que recogía que en las sucesivas leyes de Presupuestos se utilizó “de forma inadecuada” la figura de las transferencias de financiación del programa 31L, conocido como fondo de reptiles. Estepa aseguró que, en la actualidad, “está de acuerdo” con esas conclusiones, aunque también ha dicho que desconocía el informe de las cuentas anuales del IFA del año 2001 –emitido en septiembre de 2003- que insistía en esa utilización inadecuada de las transferencias. Estepa dijo que no tuvo conocimiento de ese informe –que la juez le recordó fue enviado a la consejera de Hacienda, Magdalena Álvarez– porque el “control financiero permanente está sometido a un protocolo y en el mismo no está previsto que se remita informe al director general, pero sí está previsto que se remita al consejero”.

El ex secretario general de Hacienda ha insistido en que desconocía los reparos planteados por la Intervención General de la Junta y añadió respecto al informe sobre el uso inadecuado de las transferencias que “este hecho ni se comentó ni se abordó en la Consejería de Hacienda” ni tampoco en los comités de Dirección a los que asistió. La juez le interrogó expresamente sobre la opinión que tenían la consejera Magdalena Álvarez y el viceconsejero José Salgueiro, pero el ex alto cargo –que llegó a la Consejería de la mano de Magdalena Álvarez- ha dicho que cree que “ese tema no se ha planteado nunca y no se le ha sometido a su consideración”.

Antonio Estepa ha afirmado, a preguntas del fiscal, que no conocía cómo se materializaban las ayudas ni qué programa, y ha añadido que “desconocía totalmente que la Junta abonara las pólizas de prejubilación de trabajadores de empresas en crisis”. En este punto, Estepa ha defendido igualmente a la que fuera su superiora en la Consejería, Magdalena Álvarez al señalar que por la información que se le facilitaba, “cree que ésta no conocía el contenido básico de los diferentes programas” y por ejemplo “cree que no conocía el contenido del programa de la Consejería de Empleo para la concesión de subvenciones sociolaborales a través del IFA, como no los conocían el resto”.

En la imputación formal que Alaya le ha leído antes de comenzar la declaración, la instructora le ha atribuido que, al tratarse de uno los “impulsores de la política presupuestaria de la Junta”, tuvo una “activa participación en la instauración del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones laborales que se implantaría en la Junta desde el año 2000 y que perduraría hasta el 2011”. Con ese procedimiento “al margen de la ley”, continúa Alaya, se pretendía eludir el control de legalidad que significaba la fiscalización previa de la Intervención General de la Junta, órgano que estaba adscrito a la secretaría general de Hacienda y que “tantos reparos suspensivos había opuesto en expedientes pasado como el de Hamsa (Hijos de Andrés Molina)”.

Para Alaya, el ex secretario general de Hacienda “conoció” e “indiciariamente permitió las transferencias de financiación como fuente de financiación del programa 31L, y por supuesto sabría que las referidas transferencias serían destinadas por la Consejería de Empleo para conceder subvenciones al margen del procedimiento legal”. De esta forma, se produjo un “uso completamente arbitrario de los fondos públicos, sin procedimiento ni control, y además también indiciariamente desmesurado, asumiendo compromisos por encima del techo presupuestario, generándose un déficit que en los años 2003 y 2004 ascendió a 38 y 93 millones de euros, respectivamente”.

Alaya le achaca no sólo que conociera ese “menoscabo de fondos públicos”, sino que además contribuyó a “alimentarlo con nuevas y diversas modificaciones presupuestarias”, y también considera que conocía las deficiencias detectadas por la Intervención General en el informe de cuentas anuales del IFA de 2001. La juez dice que para la inclusión de la partida “fraudulenta” de las transferencias en la ley de Presupuestos se “aprovecharía la complejidad del lenguaje presupuestario, sólo accesible a expertos”, aunque Antonio Estepa ha dicho que al tratarse de la ley más importante que se aprueba en cada ejercicio los parlamentarios sí lo entienden y puso como ejemplo que una vez presentado el anteproyecto los distintos grupos políticos formulan enmiendas parciales al presupuesto y “para hacer esas solicitudes es necesario conocer el lenguaje presupuestario y tienen que utilizarlo”.