La renovación del TC abre dudas sobre la sentencia del Guadalquivir

  • La entrada de magistrados puede retrasar una decisión que se esperaba cercana

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La entrada de cuatro nuevos magistrados en el Tribunal Constitucional (TC), cuyos nombres ya han sido pactados por el PSOE y el PP en el Senado, puede afectar a la sentencia sobre el artículo del Estatuto andaluz que marcaba las competencias sobre las aguas del Guadalquivir. La decisión del tribunal se esperaba para septiembre u octubre, pero la sustitución de los magistrados alteraría esta posición. Así lo explicaron ayer fuentes del Constitucional, aunque otros consultados apuntaron que, a pesar del acuerdo político, la toma de posesión de los magistrados se retrasará más de lo previsto, en cuyo caso la presidenta, María Emilia Casas, podría optar por dejar cerrados los asuntos pendientes, en especial los que afectan al Estatuto de Cataluña. Ahora se está discutiendo el recurso del Defensor del Pueblo contra el articulado catalán.

La ponencia que se iba a comenzar a discutir sobre el Guadalquivir es interpretativa aunque desfavorable a la asunción de estas competencias. Y este dictamen, aunque no anulase formalmente el artículo 51, podría valer al Tribunal Supremo para echar abajo el decreto de las transferencias de la Confederación del Guadalquivir. Un grupo de ingenieros recurrió este decreto ante el Supremo.

La entrada de nuevos magistrados también altera el actual posicionamiento de fuerzas -salen tres nombrados a propuesta del PP y uno por el PSOE, y entran dos por cada partido-, aunque las fuentes consultadas indicaron que esto no tiene por qué afectar al contenido del fallo.

El problema reside en la demora de la toma de posesión. En el Senado se ha alcanzado un acuerdo para que entren dos jueces a propuesta del PSOE -los catedráticos Juan Ignacio Ortega y Adela Asúa- y uno más del PP, el juez Francisco Hernando. El cuarto, que propone el PP, es el catedrático Francisco Pérez de los Cobos, cuyo nombre no salió de ningún parlamento autonómico. Todos los elegidos deben ser propuestos por algunas de estas cámaras. Ahí puede radicar el problema. Aunque el Senado goza de la capacidad de elegir candidatos en el supuesto excepcional de que el sistema no culmine su fin, hay dudas ahora sobre cómo se presenta esta candidatura. Además, hay otra dificultad. En noviembre, el Congreso va a renovar a otros cuatro magistrados. Sin embargo, la Constitución marca que cada tercio del tribunal se renueve cada tres años, teniendo cada uno de ellos un mandato de nueve. Si los nuevos miembros elegidos por el Congreso y el Senado siguen con mandatos de nueve años, su renovación coincidiría pasado este tiempo y violaría la Carta Magna. Ello obligará a un cambio de la ley del Constitucional, para la que se necesita una mayoría absoluta en el Congreso.

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