José Luis Rodríguez Zapatero inició su primer mandato anulando el proyecto del trasvase del Ebro previsto en el Plan Hidrológico Nacional y ha comenzado el segundo acordando con la Generalitat un trasvase de este río para paliar la difícil situación que vive con el suministro Barcelona. La paradoja, aunque con justificación, ha enconado la ya de por sí conflictiva relación entre las comunidades autónomas y el Gobierno por la gestión del agua, y ha acabado empapando el reciente debate de investidura de Manuel Chaves como presidente del Gobierno andaluz.

El PP no ha dudado en hacer oposición con el agua. Los presidentes de la Comunidad Valenciana y Murcia, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, plantean llevar el asunto al Tribunal Constitucional. En Andalucía, Javier Arenas reclama a Chaves que proponga una conferencia de presidentes para abordar el problema de la que pueda surgir un "gran acuerdo nacional". Entre tanto, le acusa de perjudicar con su "silencio traidor" los intereses andaluces en la gestión de los recursos hídricos. Una razón que le ha empujado a liderar junto a Camps una plataforma de alcaldes por el agua, recoger firmas para la ampliación del trasvase del Ebro al resto del arco mediterráneo hasta Almería y anunciar que se echarán a la calle si es preciso.

Manuel Chaves considera que el PP intenta "enfrentar a españoles y a territorios", y mientras que ofrece un debate general con propuestas de resolución en el Parlamento, se compromete a incrementar los recursos hídricos andaluces en 1.000 hectómetros cúbicos anuales al final de la legislatura, cuando estén terminadas y operativas infraestructuras como tres nuevas presas o las ocho desaladoras previstas en el programa Agua, además del ahorro que suponen medidas como la modernización de regadíos.

Sin embargo, la escasa repercusión que han tenido hasta ahora las desaladoras -sólo hay en funcionamiento tres y la más importante de ellas, la de Carboneras, rindiendo al 18% de su capacidad porque no se han realizado las conducciones que permitan su aprovechamiento- han llevado a que el PP reabra el debate sobre la necesidad del trasvase del Ebro hasta Andalucía. Lo incluyeron en su programa electoral para las elecciones autonómicas, aunque Mariano Rajoy obvió este asunto para las generales. Los populares se han ganado con este panorama el apoyo de los agricultores.

"Se nos prometió agua rápida y barata, pero nunca llega", sentencia Fernando Rubio, presidente de la Comunidad de Regantes del Almanzora. Éstos reclaman al Gobierno "igualdad" para que el agua del Ebro llegue a todas las "zonas necesitadas". Rubio señala que en torno a 10.000 agricultores del Almanzora tendrán este año problemas para sacar adelante sus cosechas, al igual que ocurre también con otras comunidades de usuarios del norte de la provincia de Almería.

"No conozco ni un sólo regante de Almería que esté ahora mismo sin agua. Es cierto que se han cometido errores con la planta de Carboneras, pero tampoco hay un interés de los agricultores en ella porque pueden encontrar agua más económica", responde Leandro del Moral, doctor en Geografía de la Universidad de Sevilla y de la Fundación Nueva Cultura del Agua. El investigador sostiene que se revive "un momento de confusión que nos retrotrae a hace 15 años" y en que se reabre el debate sobre "si queremos ríos sostenibles o canales de hormigón que transporten agua".

Pero éste asunto vuelve en un momento en que la comunidad está a punto de sobrepasar su cuarto año de sequía, "en Andalucía con una gestión que está dando buenos resultados", considera el profesor Del Moral. No todos comparten esta opinión. Para Antonio Figueroa, de Ecologistas en Acción, Manuel Chaves apostó en su discurso de investidura "por una política basada en más infraestructuras poco sostenibles", mientras que para Pedro Parias, de Feragua, "anunció obras aprobadas desde 1998 y que no se han ejecutado en diez años".

El retraso en la puesta en marcha de las infraestructuras resulta una de las principales demandas que se hacen desde distintos colectivos a los gobiernos para conseguir sellar el armisticio en la guerra del agua.

En la provincia de Málaga, el desembalse del pantano de La Concepción (Marbella), mientras la capital y la comarca del Guadalhorce permanece con el decreto de sequía, ha puesto en entredicho la planificación de la Cuenca Mediterránea, que desde 2005 gestiona la Junta. De los diez proyectos que conformaban el llamado Plan Málaga, diseñado para ampliar la capacidad de almacenamiento hídrico de la provincia en 1999, no se ha hecho más que la desalobradora de El Atabal, en la capital. Muchas son las promesas aún pendientes de terminar tanto por el Gobierno central como por la Junta.