La supuesta venta irregular de un piso de Marbella sentó ayer en el banquillo de los acusados a dos de los imputados en la operación Malaya contra la corrupción urbanística, los empresarios José Ávilas Rojas y Andrés Liétor, que se enfrentan a penas de entre tres y cuatro años de prisión. En el juicio, que ha comenzado en la Audiencia de Granada, la Fiscalía acusa únicamente de estafa a Liétor, para quien ha mantenido su petición de tres años de cárcel, mientras que la acusación particular, ejercida por un comprador inicial del apartamento, acusa a Ávilas Rojas y al también empresario Paulino Gómez Lucio.

En concreto, esa parte imputa a Ávila Rojas una estafa, por la que pide tres años de cárcel; a Gómez Lucio, quien compró el mismo inmueble que antes ya fue adquirido por el querellante, un delito de simulación contractual, por el que le pide tres años; y a Liétor, ambos delitos, por los que le solicita cuatro años.

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, los hechos se remontan al verano de 1998 cuando Liétor, actuando sin poderes en nombre de una empresa de Ávila Rojas (Incar, S. A.), firmó un contrato privado con Emilio F. N., por el que se vendía un apartamento del residencial El Dorado, en Marbella.

En el juicio, que hoy queda visto para sentencia, Liétor reconoció que "metió la pata" al firmar "ingenuamente" que la compra inicial de Emilio F. N. se formalizaría cuando se retirara el embargo que pesaba sobre el piso. Ávila Rojas declaró que no tuvo conocimiento de la primera operación de venta, que no recibió dinero por parte de Liétor y que, si su empresa hubiera tenido constancia de que el piso ya estaba vendido, "lógicamente" no lo hubiera puesto a la venta.

El perjudicado y querellante, que declaró ayer como testigo, dijo que fue Liétor quien le ofreció la posibilidad de firmar un contrato privado hasta que se resolviera el embargo.