El secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, Enrique Jiménez, imputado dentro del caso de presuntas irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE), ha defendido en que el presunto intruso de Calderinox Antonio Fernández Garzón "reunía todos los requisitos para aplicarles las medidas sociolaborales". Jiménez ha recordado que las medidas sociolaborales "no sólo se destinan a grandes empresas, sino también a las pequeñas, como Calderinox o Litalsur, y en este último caso sólo había un afectado por el cierre de la empresa, que era el propio Fernández Garzón".

El líder sindical ha dejado claro que él no se considera responsable "ni del procedimiento llevado a cabo para esa inclusión ni de las formas empleadas". Enrique Jiménez, que ha recurrido el auto dictado por la juez del juzgado de instrucción numero 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, donde figura su imputación, ya que considera que en dicho auto "hay falta de motivación y una ausencia de indicios de criminalidad en los hechos imputados".

Jiménez, que ha sido imputado por Alaya por su "intervención" en la introducción un intruso en la póliza del ERE de Calderinox, ha explicado que tanto en su recurso como en su declaración ante la Guardia Civil -donde compareció tras ser llamado por los agentes, igual que Juan Antonio Caravaca- sí reconoce que le pidió por carta al entonces director general de Trabajo, Juan Márquez, la inclusión del intruso Antonio Fernández Garzón, en la póliza del ERE de Calderinox. Este dirigente sindical ha explicado que incluso le ha entregado a la Guardia Civil la carta donde oficialmente le pide a Márquez la inclusión de Fernández Garzón, que estaba "recién llegado a la Consejería", pero deja claro que "la inclusión de Fernández Garzón estaba acordada entre sindicatos y Junta y sólo pedimos a Márquez el cumplimiento de lo comprometido".

Jiménez, que en el ERE de Calderinox figura como tomador de la póliza, explicó que Fernández Garzón "no pertenecía a Calderinox, pero sí a otra empresa, Litalsur Sevilla SL", de forma que ambas empresas habían cerrado y presentado un ERE, por lo que "el sindicato estaba en la obligación de solicitar medidas sociolaborales a Fernández Garzón". "Otros trabajadores de Litalsur también sufrieron el cierre pero tenían otras medidas de protección distintas, por su edad y condiciones personales, a las de Fernández Garzón, que se quedó descolgado del resto", ha agregado Jiménez, quien ha apuntado que Fernández Garzón "estaba en la misma situación que los prejubilados de Calderinox, por lo que reunía todos los requisitos para aplicarle las mismas medidas de protección, por lo que se decidió introducirlo en la póliza de Calderinox para poder aplicarle el plan de prejubilaciones".

El dirigente sindical, quien ha reconocido que en aquel momento "no se apreciaba que fuera incorrecto introducir a esta persona en la póliza colectiva de otra empresa", ha indicado que "hay casos en los que una misma póliza afecta a trabajadores de distintas empresas, como ocurre con la industria naval de Cádiz, y eso, hasta ese momento, no se interpretaba como incorrecto, por lo que la imputación no tiene sentido, nada nos hacía sospechar que hubiera algo incorrecto".

Irregularidad administrativa frente a intrusos

Por ello, deja claro que "si hay algo que no cumple Antonio Fernández Garzón será por una irregularidad administrativa, pero no se le puede calificar como intruso, porque a éste le pertenece la aplicación de esas prestaciones y nuestra obligación era pedir protección para este trabajador".

Jiménez precisó que con la llegada del nuevo director general, Juan Márquez, "comprobamos al firmar la póliza de Calderinox que no estaba Fernández Garzón en la misma, a pesar del compromiso adquirido por la Junta, por lo que se le reclamó a Márquez su inclusión en la póliza de Calderinox, en cumplimiento de lo acordado", algo que finalmente Márquez aceptó. Este dirigente sindical ha dejado claro que el caso de Fernández Garzón, es un caso "concreto de una persona puntual que sí cumplía los requisitos" y es "totalmente distinto al de Juan Rodríguez Cordobés", el otro 'intruso' en Calderinox, en el que "sí nos dimos una sorpresa, no sabíamos de su inclusión".

Jiménez ha precisado que "no detectó" la presencia de Rodríguez Cordobés en la póliza de Calderinox, toda vez que él "no negoció los expedientes y no conocía los componentes de la plantilla", tras lo que reconoció que al firmar las pólizas como tomador "no comprobó ni certificó los nombres ni cotejó con el listado de trabajadores de Calderinox", de forma que "dimos por hecho que la administración que paga, la Junta, es la que comprueba que las personas incluidas en la póliza son trabajadores de Calderinox". Considera que "hay que distinguir distintos niveles de calificación en cuanto a las personas que estaban incorrectamente en el plan de prejubilaciones, hay que distinguir los 'intrusos' de los casos de irregularidad administrativa".