el juicio de los ere

La lectura de los escritos retrasa al 9 de enero las cuestiones previas

  • El presidente del tribunal, Juan Antonio Calle Peña, lamenta que "no hay opción alguna" de continuar hoy con el trámite de las cuestiones previas

  • Varias defensas habían alegado problemas de agenda, que tienen otros juicios y señalamientos fijados para la próxima semana, cuando se había propuesto continuar las sesiones por parte de la Sala

El fiscal Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y una funcionaria en la sala del juicio. El fiscal Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y una funcionaria en la sala del juicio.

El fiscal Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y una funcionaria en la sala del juicio. / EFE

Las cuestiones previas se retrasan definitivamente al 9 de enero de 2018. No hubo manera de tratar de anticipar la exposición de estas cuestiones por parte de la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones populares del PP y Manos Limpias, y de las defensas de los 22 ex altos cargos imputados en el denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas de los ERE. 

El magistrado que preside el tribunal, Juan Antonio Calle, había planteado al inicio de la tercera sesión del juicio que se ha celebrado hoy la posibilidad de ampliar a la próxima semana la continuación de la vista oral, con la idea de comenzar a adelantar la exposición de las cuestiones previas. Sin embargo, la lectura de los distintos escritos de defensa -y los que se leyeron el primer día del Ministerio Público y el PP- ha hecho finalmente que el tribunal haya anunciado que el juicio se reanudará en la fecha prevista, el próximo 9 de enero de 2018. "No hay opción alguna" para continuar, ha lamentado el magistrado y ponente del juicio, quien no obstante ya ha advertido a todas las partes de que "el retraso de las cuestiones previas habrá que recuperarlo en enero".

El juez Juan Antonio Calle también ha explicado cómo será el desarrollo del juicio una vez se reanude y así, ha indicado, que cuando terminen de exponerse las cuestiones previas -lo que ocupará varios días a partir de la reanudación el 9 de enero-, el tribunal necesitará el "tiempo suficiente" para resolver dichas cuestiones previas y comenzar la práctica de la prueba de este juicio, "salvo que prospere alguna de las cuestiones previas" que plantean nulidades, ha afirmado.

El abogado Luis García Navarro, que ejerce la acusación por el Partido Popular, planteó al magistrado que estableciera un calendario concreto para los tres primeros meses del próximo año, a lo que el presidente no se opuso pero también pidió a las partes un pronunciamiento sobre la duración de los interrogatorios de los acusados. "Si ustedes son capaces de decir cuánto pueden durar los interrogatorios, puede hacerse un señalamiento del comienzo de la práctica de la prueba, siempre que no se estime la cuestión previa sobre la alteración de la prueba", ha explicado en alusión a la petición de la defensa de la ex consejera Carmen Martínez Aguayo para que los 22 ex altos cargos declaren al final del juicio, una vez que comparezcan los 117 testigos y los 12 peritos propuestos para declarar en la vista oral.

La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares que ejercen el PP y Manos Limpias no se opusieron a la posibilidad de continuar el juicio la próxima semana, pero varios de los abogados han expuesto al tribunal su imposibilidad de asistir al tener otros compromisos profesionales, como la asistencia a juicios en las provincias de Málaga, Murcia y Las Palmas de Gran Canaria. Tras haber sondeado a ocho de los 18 abogados de la defensa, el magistrado Juan Antonio Calle decidió no seguir preguntando a los letrados al comprobar que estos compromisos profesionales impedían la asistencia de todos los letrados, y tras observar cómo la lectura de los escritos consumía por tercer día consecutivo la sesión del juicio, anunció la reanudación el 9 de enero.

En un momento dado, el presidente planteó incluso la posibilidad de habilitar la tarde de este viernes para iniciar las cuestiones previas, pero el fiscal Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga, aunque se puso a disposición de la Sala para seguir esta tarde, ha pedido que se hiciera un “cálculo aproximado” para saber qué tiempo pueden llevar la exposición de las cuestiones previas, para que todas las partes tengan un plazo común “para pensar” y “no quedarse a medias en la exposición” de dichas cuestiones.

El abogado Pablo Jiménez de Parga, que defiende al ex presidente de la Junta Manuel Chaves, ha indicado que tenía un señalamiento para varios días de juicio en Murcia la próxima semana, y el letrado José María Mohedano, que representa a José Antonio Griñán, ha señalado que le venía muy mal la continuación la próxima semana porque tiene comprometida “otras obligaciones profesionales”.

Chaves y Griñán con rostro serio durante el juicio Chaves y Griñán con rostro serio durante el juicio

Chaves y Griñán con rostro serio durante el juicio / EFE

Tras el planteamiento del tribunal de ampliar las sesiones, el juicio ha continuado con la lectura de los escritos de defensa, hasta completar los 22 acusados, entre otros, del ex viceconsejero Agustín Barberá y de los ex viceconsejeros de Economía e Innovación Jesús Salgueiro y Jesús María Rodríguez Román y la del ex secretario general técnico de Hacienda Antonio Estepa, respectivamente, mientras que la del ex director de Trabajo Juan Márquez ha renunciado a su lectura (segunda de las 22 defensas que renuncia al trámite, tras la de José Antonio Viera).

Caso aparte es el del ex director de Trabajo y principal imputado Javier Guerrero Benítez, que fue el único que no presentó escrito de defensa y cuyo abogado, Fernando de Pablo, ha intervenido para comentar que no presentó dicho escrito por "cuestiones de estrategia procesal".

El abogado José Rebollo intervino para leer el escrito de defensa del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, cuya figura con sus avisos e informes es una de las claves de este proceso. En su escrito de defensa, el ex interventor alega que "no omitió actuación debida alguna" y realizó "numerosos" informes para "alertar" de las irregularidades administrativas detectadas en los procedimientos de adjudicación de subvenciones y ayudas por parte de la Consejería de Empleo.

La actuación del ex interventor en el ejercicio del Control Financiero Permanente "se tradujo en la elaboración y remisión de numerosos informes" cuyo objetivo era "alertar de las irregularidades" a las autoridades y organismos competentes. "Es decir, plasmó en los correspondientes informes las irregularidades detectadas en el sistema de adjudicación de ayudas, y los remitió a quienes tenían competencia y poder decisorio para adoptar las medidas oportunas y poner fin a dichas irregularidades", concluye su defensa.

El abogado Adolfo Cuéllar, que representa al ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo Javier Aguado Hinojal, ha destacado la "brillante" exposición de la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía, que pidió el archivo de esta pieza de los ERE al descartar la existencia de una "trama criminal". Cuéllar ha añadido que "roza lo absurdo" el supuesto concierto de los 22 ex altos cargos para cometer el fraude.

También ha comentado sobre los 741 millones de euros que reclama la Fiscalía Anticorrupción que se devuelvan al erario público que no tiene sentido plantearlo sin traer a este procedimiento a los 6.000 beneficiarios que han percibido las ayudas, al menos como partícipes a título lucrativo.

El abogado Manuel Salinero, que representa a la ex secretaria general técnica de la Consejería de Empleo Lourdes Medina Varo, señala que ésta "no tuvo conocimiento de la ilegalidad o irregularidad" del procedimiento o de un fraude en la gestión de las ayudas públicas. Niega igualmente la comisión de los delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita, y asevera que "es imposible esa enorme conspiración" que plantean las acusaciones.

El último letrado en intervenir fue Juan Carlos Alférez, en representación del ex director general de IDEA Jacinto Cañete, quien ha afirmado que su patrocinado "no participó en la génesis" de ningún procedimiento para el pago de las ayudas que concedía la Consejería de Empleo y también ha dicho que "nadie le entregó los informes de la Intervención" sobre la agencia IDEA.

El abogado Enrique del Río, que defiende al que fuera jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río, renunció a la lectura de su escrito de conclusiones.

Por último, la Fiscalía Anticorrupción puso de manifiesto al tribunal una serie de "omisiones o errores" en la copia digital de las actuaciones que le ha sido entregada a las partes en un pendrive.

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