El proceso para abrir la fosa de Alfacar en la que supuestamente yacen los restos de Federico García Lorca junto a otros tres fusilados de la Guerra Civil -el maestro de Pulianas Dióscoro Galindo y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas- sigue encontrando obstáculos en el camino. Unos inesperados, otros planificados. Unos justificados, otros tan sólo explicables desde la certeza de que son muchos los que están en frente de la Ley de Memoria Histórica.

Es la fosa de la Guerra Civil. El símbolo. Aunque a muchos les moleste, no es un enterramiento más y, tal vez, la mayor prueba de ello son los meses de conflictos, laberintos judiciales y polémicas que lleva a sus espaldas.

El primero de los escollos fue la vía judicial, un problema de competencias entre juzgados que tuvo paralizada la apertura de la tumba durante meses y que sigue pendiente de una resolución del Tribunal Supremo. Tras la inhibición de Baltasar Garzón en la causa por los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, el problema era decidir quién debía ordenar la exhumación de Lorca: si el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional o al Juzgado de Instrucción 3 de Granada.

Conscientes del bloqueo que suponía este conflicto competencial, los familiares de los represaliados que querían recuperar los restos de sus antepasados y darles un enterramiento digno recurrieron a la vía administrativa. Aunque tampoco aquí hubo demasiada suerte. La primera respuesta que hallaron fue la advertencia de Cultura de que la fosa de Alfacar no era su competencia al entender que era un "enterramiento contemporáneo" y no un yacimiento arqueológico. Este aviso, que realizó el pasado 10 de julio la consejera Rosa Torres durante una visita al Centro Lorca que se está construyendo en la capital, molestó mucho a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Granada, que mantuvo su intención de presentar su estudio para solicitar la autorización de un proyecto arqueológico. A juicio de este colectivo, la consejera se equivocó en la forma, por no haberle comunicado su negativa anteriormente, pero, sobre todo, en el fondo. Y es que la intervención de la responsable fue muy desafortunado; hasta el punto de que Justicia se vio obligada a hacer frente a la situación, acelerando el proceso de un modo poco habitual.

Así, aunque este departamento se declaró competente para iniciar una tarea demandada desde hace 20 años por los familiares de los fusilados, también ha recibido duras críticas por ordenar el inicio de los trabajos previos (para localizar la fosa en el parque) sin que concluyera el plazo de alegaciones. También las ha recibido por su falta de contundencia a la hora de sancionar a Luis Avial, un técnico que se coló en el parque y que ha divulgado una supuesta investigación del lugar en que se ubicaría la fosa sin rigor alguno, tal y como el propio geólogo reconoció a este periódico. Pero, sobre todo, por haber abierto este proceso sin que la fosa esté protegida. Precisamente hay fosas declaradas BIC para evitar este tipo de situaciones. Los expertos contemplan esta protección para las fosas de un gran valor histórico, a efectos, por ejemplo, de que no se construya en la zona. En la ley andaluza, además, hay otro instrumento de protección muy importante que es la zona de servidumbre arqueológica. La Junta utiliza esta figura para zonas determinadas en las que se pueden conservar restos valiosos. Así, se trata de un instrumento jurídico de un gran valor para el Gobierno autonómico y que podría haber cuadrado perfectamente en este caso. Del mismo modo, la Junta también realiza inventarios de yacimientos a los que se les otorga un régimen especial de protección.

Aparte de esta cuestión, aquel 10 de julio en que Rosa Torres dijo que la apertura de la fosa no era su competencia porque no se trataba de un yacimiento arqueológico se le 'olvidó' que el patrimonio arqueológico, considerado como parte del patrimonio histórico español comprende, según la ley que lo regula en España, "los bienes muebles o inmuebles que son susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental". Además, integra "los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes", según consta en el artículo 40 de la Ley de Patrimonio Histórico.

Pero, ¿qué interés debería primar más en este caso? ¿El arqueológico o el forense? En Bosnia, cuando se han abierto las fosas comunes de la guerra, ha prevalecido el interés forense sobre el arqueológico porque hay procesos en marcha y un tribunal para perseguir los crímenes de la antigua Yugoslavia. Pero si hablamos de las fosas de la Guerra Civil, muchos expertos en patrimonio señalan que habría que tener en cuenta que tal vez se trate más de una circunstancia histórica que no viene determinada por el valor de los restos sino por un valor inmaterial vinculado a la idea de Memoria Histórica y que además afecta a víctimas de los dos bandos.

La ARMH sostuvo en su momento que la solución para abrir la fosa era la arqueología, porque se evitaban procesos penales y el maremágnum de competencias que ha habido. También se podría haber evitado situaciones tan lamentables como la ocurrida el pasado 25 de septiembre con la primera intromisión en la zona acotada de trabajo y el inicio del tan temido circo mediático.