Marbella

Un acusado en Malaya dice que el urbanismo de ahora es peor que con el GIL

  • Un empresario ataca a la permisividad de la Junta y a las políticas del Ayuntamiento

Tú me atacas y yo te ataco. El promotor Cristóbal Peñarroya continuó ayer en el juicio por el caso Malaya la estrategia defensiva que desplegó el martes y que pasa fundamentalmente por arremeter contra todo y contra todos.

El empresario, a quien la Fiscalía Anticorrupción reclama dos años de prisión y 70.000 euros de multa por un presunto delito de cohecho, devolvió con ferocidad todos y cada uno de los golpes que le lanzaron ayer las acusaciones. Atacó a la Junta de Andalucía porque, según dijo, recurría las licencias municipales y sin embargo no ponía ninguna pega a las 30.000 viviendas ilegales de Marbella mientras cobraba los impuestos, aunque aludió al IVA, que es un tributo estatal.

También se volvió a despachar con la gestora que tomó las riendas del municipio cuando fue detenida Marisol Yagüe y su equipo de gobierno en el caso Malaya. El constructor dijo que la Junta la colocó en el Ayuntamiento "para que arrasara Marbella", y le reprochó, entre otras cosas, que no se personara en los pleitos que había promovido la Junta de Andalucía contra las licencias ilegales y que, de esa manera, permitiera que los tribunales declararan la nulidad de cientos de permisos de obra.

Y de nuevo ayer le volvió a tocar el turno al actual gobierno que dirige Marbella bajo la presidencia de la popular Ángeles Muñoz. Cristóbal Peñarroya afirmó sin rubor que "el urbanismo de ahora es peor que el de aquella época", en alusión a la política municipal que se realizó durante el gilismo.

Gran parte del choque de Peñarroya con el Ayuntamiento de Marbella y su actual alcaldesa reside en que el promotor pagó 270.000 euros al Consistorio en un convenio para que unos suelos que estaban catalogados como no sectorizados pasaran a urbanizables sectorizados. Este acuerdo debía ser recogido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Sin embargo, el que elaboraba el GIL en 1998 nunca fue de aplicación y el actual, aprobado en 2010, no sólo no recoge el convenio firmado la etapa del GIL sino que gran parte del terreno lo cataloga de verde.

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