Los arquitectos y empresarios José María González de Caldas y Miguel López Benjumea, ambos acusados en el caso Malaya, negaron ayer que pagaran dinero al presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción, Juan Antonio Roca, por obtener una licencia de primera ocupación para una promoción en la localidad malagueña de Marbella. La Fiscalía Anticorrupción considera que los dos procesados habrían abonado la cantidad de 60.000 euros en febrero de 2006 al principal acusado, según se contabiliza en los archivos intervenidos bajo el epígrafe Miguel López (Caldas), que la investigación relaciona con la licencia de primera ocupación de una promoción, por silencio administrativo.

Ambos señalaron que existía una sociedad que se llama Miguel López y Cia, en la que el ex presidente del Sevilla tiene un 95% y el otro acusado un 5%.

El primer acusado explicó que no le puso su nombre porque "el Sevilla había bajado a segunda división y me querían matar", por lo que pidió al otro que la pusieran a su nombre. "Cómo le iba a pagar yo 60.000 euros a Juan Antonio Roca si lo que tenía es que pegarle un tiro, entre comillas, si lo que tenía era un perjuicio de 400 millones de pesetas por el convenio Golden. Estaría yo loco. Y, además, ¿por qué le iba a pagar?", aseguró, añadiendo que "bastante mal estaba con el Ayuntamiento, bastante me habían incumplido, me habían machacado, para encima dar dinero".