Diversas organizaciones sociales y de consumidores (UCA, Facua, CAVA, Al-Ándalus y Cepes) y los sindicatos CCOO y UGT pulsaron ayer el botón de alarma porque su voz "está en peligro" por la política del Gobierno central de "ir eliminando" la participación de estas asociaciones en los órganos de interlocución. La comisión permanente de las organizaciones sociales de Andalucía firmantes del manifiesto Compromiso social para el progreso, que se reunió ayer en Sevilla, arremetió contra los recortes sociales que se están produciendo y que además están recayendo en los sectores más débiles de la sociedad.

A juicio de estas organizaciones, está teniendo lugar el "desmantelamiento de las estructuras de protección de los consumidores", en palabras de la representante de Facua Olga Ruiz. María José Gómez, de Al-Ándalus, denunció la falta de proximidad de la clase política hacia los ciudadanos y alertó de que, si se empiezan a rescindir los órganos de participación de los ciudadanos, sólo los tendrán en cuenta en las campañas electorales.

María Dolores Rincón, de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía (CAVA), advirtió que la participación institucional de las asociaciones de ciudadanos es un derecho y "no puede estar sometida a la voluntad política", pero "como parece que les molesta van a atacar" a este movimiento ciudadano.

Con esta tesis coincidió el secretario general de UGT-Andalucía, Manuel Pastrana, quien afirmó que se está eliminando la interlocución entre el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Pastrana advirtió que "no consentiremos que se viole la representación institucional" de las organizaciones. "Estamos en el punto de mira de una nueva estrategia política que pasa por convertir a la masa en uniforme, amorfa, sumisa y sin capacidad de reacción", apostilló Pastrana, que lamentó que en el ámbito de los ayuntamientos ya se están suspendiendo la participación de los sindicatos y de las organizaciones de consumidores en los órganos de representación.