El ex consejero de Empleo Antonio Fernández negó ayer en su declaración que se beneficiara del expediente de regulación de empleo (ERE) de la bodega González Byass de 2008, en el que fue incluido según dijo por un criterio objetivo de edad, pero cuya póliza nunca firmó, algo que la juez Mercedes Alaya le reprocha que hizo al conocer que ya se había abierto esta investigación judicial. Fernández relató a la magistrada que el presidente de González Byass y su asesor jurídico le solicitaron una reunión cuando aún era consejero de Empleo para informarle de que iba a ser incluido en el ERE de la empresa de aquel año y que por lo tanto perdía su puesto de trabajo, en el que se hallaba en situación de excelencia forzosa.

El ex consejero indicó que a partir de ese momento no volvió a recibir a la empresa ni a los representantes de los trabajadores, en su intención de apartarse de cualquier acción relacionada con la tramitación del ERE y comunicó "verbalmente" a la dirección de la empresa y a los representantes de los trabajadores que no iba a intervenir en el expediente.

Según su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, el ex consejero se abstuvo "de hecho" en la intervención en dicho procedimiento, porque entendía que no debía abstenerse formalmente puesto que él no era el competente para resolver el expediente sino la dirección de Trabajo y Seguridad Social.

En julio de 2008, un total de 93 trabajadores de González Byass -el ERE afectaba a 94 empleados, incluido Antonio Fernández, mayores de 52 años- firmaron la póliza de las prejubilaciones, pero el consejero no la suscribió porque no tenía intención de aprovecharse de la situación, según explicó a los periodistas su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo. Fernández sí suscribió la indemnización correspondiente por despido.

Cuando la juez Alaya le preguntó sobre ese presunto intento de aprovechamiento personal, el ex alto cargo lo negó rotundamente y mostró incluso su "indignación" a la magistrada, a la que aseguró asimismo que esta imputación le causa un "enorme perjuicio familiar y social". Fernández es en la actualidad presidente del Consejo Regulador del Jerez. La juez le respondió que entiende esa sensación, pero le recordó que cumple con su obligación al plantearle estas cuestiones.

El abogado del ex consejero calificó de "insólito" que se esté abordando un "debate jurídico-técnico-laboral de cuyo traslado se hacen pender consecuencias jurídico penales graves".

Frente a la tesis de la defensa, la instructora sostiene que en 1987 Fernández tenía que haber solicitado por escrito la prórroga de la excelencia laboral que le había concedido la empresa González Byass o reincorporarse a la misma, pero como no hizo ninguna de las dos cosas, la magistrada considera que ya no era trabajador de la compañía y por tanto no podía acogerse a la prejubilación. Para la juez, el ex consejero dejó de trabajar para dicha empresa el 10 de octubre de 1981, cuando obtuvo una excedencia forzosa para cargo público al ser nombrado concejal del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz).

En un auto dictado en enero pasado, la juez ya había apuntado que por su posición "privilegiada" como consejero debió impulsar o al menos tener conocimiento de la firma del protocolo de colaboración entre el entonces director de Trabajo Francisco Javier Guerrero y la asociación de antiguos trabajadores de González Byass. "Existen indicios para pensar que su renuncia a la percepción de tales cantidades pudo venir forzada y motivada por el devenir de las presentes actuaciones iniciadas en el mes de enero de 2011", dijo entonces la juez que instruye la investigación.